Los niños y niñas en hogares con uno de sus miembros presos son más proclives a sufrir hambre y mala nutrición. Con cuatro mil personas privadas de libertad en la provincia de Mendoza -1.400 de ellas sin condena- cada vez más niños y niñas mendocinos comparten una característica: tener a uno de sus padres preso.
El encarcelamiento en el hogar es un factor de riesgo pobremente estudiado y comprendido por especialistas, jueces, defensores y fiscales, defensores de los derechos humanos y autoridades del área de niñez que tiene profundas consecuencias económicas, emocionales y sociales en la vida y desarrollo de los niños. Este verdadero vacío comienza a ser llenado con investigaciones como las que lleva adelante el Observatorio de Niñez, Adolescencia y familia dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua.
En Mendoza, el 96% de las personas presas son hombres muchos de los cuales son padres razón por la cual la mayoría de estos niños están al cuidado de sus madres u otras mujeres. Muchas de estas mujeres -invisibles como sus hijos- son víctimas de violencias y abusos domésticos e institucionales varios, la mayoría no ha terminado sus estudios y muchas acceden solo a trabajos precarios y no registrados (la mayoría empleo doméstico).
Muchas veces en completa soledad, demuestran una gran resiliencia y se esfuerzan para alimentar, vestir, educar, mantener sanos, formar y cuidar a sus hijos.
El encarcelamiento en el hogar agrega nuevas vulnerabilidades y factores de riesgo y agrava los pre-existentes. Faltan estudios e investigación pero sabemos que aunque la mayoría de estos niños reciben la asignación universal por hijo la misma no es suficiente en muchos casos para garantizar que, como debe ocurrir con cualquier otro niño, puedan comer tres comidas nutritivas por día.
Quienes están en contacto con estas familias mendocinas, y en especial las mujeres, saben que es común que en muchos casos recurran a la venta de su propia ropa y artefactos del hogar para comprar comida para sus hijos. Comida.
No solo dinero. Tanto desde el estado como de las organizaciones comunitarias especializadas hace falta un acompañamiento y abordaje técnico, integral, paciente y humano a estas familias. Desde el momento mismo de la prisión preventiva de unos de sus miembros -muchas veces ilegal y sin control judicial suficiente- muchas familias mendocinas venden lo que tienen, piden prestado o usan sus ahorros para pagar gastos de abogados, proveer lo básico para la persona presa y en algunos casos pagar por protección del familiar detenido.
Durante el tiempo que dura el encarcelamiento, las mujeres, niños y adolescentes del hogar realizan grandes esfuerzos y sacrificios para afrontar los gastos derivados del mismo: transporte, comida, ropa, elementos de higiene. Los mismos se suman a los gastos corrientes de cualquier hogar: vivienda, educación, salud, vestimenta, servicios públicos. A todo esto se deben sumar las consecuencias emocionales y sociales de tener un padre, compañero o familiar preso.
Estigma, trauma y discriminación son vivencias comunes para estos niños y mujeres en la familia y amistades, la escuela, el barrio, la iglesia. Todo lo anterior se agrava cuando la persona encarcelada es la madre.
Afortunadamente, hay buenas noticias. El próximo 22 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de varios países de América Latina y el Caribe que presentarán la situación de hijos de personas privadas de libertad en la región.
En línea con lo dicho por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2011, estas organizaciones creen que estos niños y niñas son inocentes, no han cometido delito alguno y que tienen los mismos derechos que el resto de los niños incluyendo el derecho a vivir libres de hambre y de toda forma de violencia.
Martín Coria, Magister en Administración Pública (NYU) - DNI 21.486.241
