La oposición venezolana y distintas ONGs condenaron ayer el juzgamiento de decenas de civiles en tribunales militares, lo que denuncian como una maniobra del presidente Nicolás Maduro para desactivar protestas en su contra, las que han dejado 36 muertos en los últimos 40 días.
La medida viene a echar sal sobre la herida, en momentos de alta crispación por la convocatoria del mandatario a una Asamblea Constituyente, lo que a su vez ha intensificado las marchas con las que la oposición exige su salida del poder.
Maduro, quien aún no se pronuncia sobre el tema de los tribunales castrenses, encabezó ayer un acto ante miles de seguidores que se concentraron en las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, en apoyo al llamado a la Convención Constituyente.
Al mismo tiempo, el Parlamento, único poder controlado por la oposición, aprobará un acuerdo que condena esos juicios contra detenidos en el marco del Plan Zamora, un operativo de seguridad que echó a andar Maduro cuando iniciaron las protestas.
“La Constitución es clara, la jurisdicción militar no es para civiles, llevar allí a manifestantes es violar los derechos humanos”, dijo el jefe legislativo, Julio Borges, al dirigir un mensaje al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, mayor general Jesús Suárez, precisó que de 780 detenidos, 251 fueron puestos a órdenes de tribunales militares acusados de “ataque al centinela y asociación para la rebelión”.
Unos 70 fueron encarcelados por orden de los tribunales castrenses instalados en el estado Carabobo, precisó el abogado Tony Marval, mientras la ONG de derechos humanos Foro Penal registra otros 11 presos en Caracas y en el estado de Lara.
El constitucionalista José Vicente Haro aseguró que la medida viola el artículo 261 de la Constitución, según el cual la competencia de esas cortes "se limita a delitos de naturaleza militar".
Las audiencias comenzaron el pasado viernes en un destacamento de Valencia -capital de Carabobo-, pero luego se trasladaron a un barrio de esa ciudad, donde ocurrieron entre el 2 y 4 de mayo protestas contra Maduro y saqueos a más de un centenar de negocios.
“Se está violando el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por sus pares, de naturaleza civil, y el debido proceso. Es una forma de perseguir la disidencia y paralizar las protestas", declaró telefónicamente Malvar a la AFP, tras salir de una audiencia.
Los enjuiciados enfrentan cargos de instigación a la rebelión, aun cuando muchos fueron detenidos por robo, denunció el abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal, que asesora a los detenidos.
Marval precisó que los encarcelados están siendo llevados a la cárcel del estado Guárico, a unos 110 km de Valencia, y añadió que otros 11 civiles comparecerán en la tarde.
Según grupos de derechos humanos, el gobierno está aplicando esa medida porque la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, ha denunciado arrestos arbitrarios en el marco de las protestas opositoras y se niega a imputar a esas personas.
“Significa un quiebre del Estado de Derecho en Venezuela”, dijo la directora de la ONG Control Ciudadano y experta en temas de defensa, Rocío San Miguel.
"Constituyente militar"
Maduro asegura que las manifestaciones opositoras han derivado en “actos terroristas” y de “insurgencia armada” que buscan derrocarlo.
El vicepresidente Tarek El Aissami anunció ayer que la Operación Zamora desarticuló “células de insurgencia armada” que vinculó con la oposición y particularmente con Borges.
Maduro, quien tiene en la Fuerza Armada un aliado clave al que ha dado gran poder económico y político, asegura que la Constituyente “popular” es el único camino para la paz del país.
“Tendremos (también) una Constituyente militar para profundizar la revolución bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada”, dijo el lunes el presidente.
Los opositores sostienen que la Constituyente continúa “el golpe de Estado” que aseguran comenzó cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente las funciones del Parlamento, lo que fue denunciado por la fiscal como una ruptura del orden constitucional.
