Todo lleva a asegurar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, está dispuesto a agotar todas las estrategias, incluyendo las ilegales, para evitar ser desplazado del poder por el pueblo, a través de un plebiscito constitucional. Mientras tanto, ha dispuesto desconocer al Congreso, al mejor estilo de los gobiernos autoritarios y, aunque ya no mantiene la Constitución en la mano en sus apariciones públicas, asegura que sus medidas responden a la necesidad de defender los intereses de un pueblo que cada día se encuentra más castigado por la inflación, el desempleo y esencialmente el desabastecimiento de artículos de primera necesidad y de medicamentos.
El primero de los objetivos del cada día más deshilachado chavismo es el de postergar el llamado a un plebiscito. La oposición impulsa la realización del referéndum este año, lo que obligaría a la salida de Maduro y el llamado a elecciones anticipadas. Se fundamenta en las encuestas que indican que siete de cada diez venezolanos están a favor del plebiscito. Sin embargo, en caso de realizarse el año que viene, como pretende el Gobierno, no habrá llamado a elecciones por haberse superado la mitad del mandato presidencial y será el vicepresidente quien asuma el poder hasta completar el mandato en 2019.
La Constitución venezolana dice también que el plebiscito debe convocarse si quienes lo piden suman el 20 por ciento del padrón electoral.
Sin embargo, la Corte de Justicia estableció un denominado “recurso de interpretación”, en el que indica que debe alcanzar 20% del padrón “en todos los distritos del país y no en un conteo nacional” y destaca que, en caso de no alcanzar ese mínimo de firmas, no se activará el plebiscito. Pero no se quedó sólo en eso: ahora dispuso suspender la recolección de firmas, según una decisión de la Corte.
Paralelamente, el poder electoral de Venezuela decidió postergar para el segundo semestre de 2017 las elecciones a gobernadores que debían realizarse a fines de este año porque vencen los respectivos mandatos. La titular del colegio electoral no explicó las razones del aplazamiento ni tampoco en qué condiciones quedarán los actuales gobernadores una vez cumplido su mandato, aunque sólo cabría recordar que hace dos semanas Maduro dijo que organizar elecciones no es prioridad; sí lo es recuperar la economía en momentos en que el país atraviesa una crisis profunda como consecuencia de la caída de los precios del crudo, que genera el 95% de las divisas.
Y como frutilla del postre podríamos señalar lo ocurrido con el tratamiento del Presupuesto. En una nueva muestra de avasallamiento, Maduro lo aprobó directamente sin someterlo a la Asamblea Nacional. Adoptó la decisión fundamentado en lo que él llamó “Congreso de la Patria”, conformado por simpatizantes congregados en una plaza cercana al Tribunal de Justicia. Cabría recordar que el Congreso o Asamblea Nacional está dominado por la oposición, de acuerdo con los resultados de la última elección, aunque también valdría señalar que días pasados Maduro aseguró que el actual Legislativo no completará el período de cinco años para el que fue elegido.
El avasallamiento a las garantías constitucionales es permanente y obliga a los organismos internacionales, Mercosur incluido, a adoptar medidas para que los venezolanos puedan expresarse en las urnas. Un mecanismo contemplado por la propia Constitución bolivariana y que ya fuera utilizado en su momento por el ex presidente Hugo Chávez.
