Ninguno de estos nicaragüenses deseaba pasar su vida huyendo. Pero muchas personas en ese país asediado por la pobreza y la desesperación enfrentan una nueva realidad. Han cambiado sus vidas rutinarias como abogados, estudiantes de ingeniería, radiodifusores o comerciantes por una de esconderse de casa en casa, de aplicaciones de mensajería encriptadas y seudónimos.
Ocho meses después de que un levantamiento y las protestas populares derivaran en la muerte de más de 300 personas y el arresto de más de 500, muchos nicaragüenses en todo el país han pasado a la clandestinidad. Se esconden de un gobierno cada vez más autoritario que, sistemáticamente, ha perseguido a quienes participaron en las manifestaciones multitudinarias y protestas -a veces violentas- en contra del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
En abril, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país para exigir la renuncia del presidente, muchos pensaron que los días de Ortega en el poder estaban contados. En cambio, con el argumento de que se trataba de un golpe de Estado orquestado por partidos políticos, Ortega respondió con una estrategia cada vez más brutal y represiva con la que sofocó el movimiento de oposición y ha afianzado su control. Casi 40 años después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional que Ortega encabezaba lograse deponer a la dinastía Somoza, lo acusan de convertirse él mismo en un dictador como el que ayudó a derrocar hace tantos años.
Ortega, de 73 años, y Murillo, de 67, controlan prácticamente todos los órganos del gobierno: la Asamblea Nacional, la Corte Suprema, las fuerzas armadas, el resto del poder judicial, la policía y la fiscalía. Varios de los hijos adultos de Ortega están a cargo de gestionar la distribución de la gasolina.
Cautela
Los manifestantes, que alguna vez tuvieron altas esperanzas de sacar a Ortega después de casi 12 años en la presidencia, se limitan ahora a grabar algunos videos subversivos en los que aparecen con la cara cubierta por camisetas. Cientos de civiles que nunca portaron armas ni prendieron un fósforo durante las protestas han sido acusados de delitos de terrorismo bajo una nueva ley que amplió la definición de esos cargos.
Tan solo en los últimos días el gobierno cerró un canal de televisión popular, encarceló al director de noticias y expulsó a observadores y misiones internacionales de derechos humanos. Varias gasolineras privadas que participaron en las protestas fueron clausuradas. La policía realizó redadas en las oficinas de la principal organización de defensa de derechos humanos del país y confiscó el equipo y las computadoras.
"Nuestro monitoreo en el terreno ha demostrado que realmente estamos ante un proceso de ejecución de crímenes de lesa humanidad en marcha, en tiempo real", aseguró Paulo Abrão, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los observadores expulsado del país.
La represión de Ortega ha logrado silenciar a la disidencia por ahora, pero la creciente presión internacional y una economía colapsada -se han perdido cientos de miles de empleos desde que se inició el levantamiento- podrían plantear serios desafíos a su poder en los próximos meses.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una ley apodada Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act, ley de condicionamiento de las inversiones en Nicaragua) que busca presionar al régimen de Ortega en materia económica al restringirle el acceso a los préstamos y accesos a fondos de bancos de desarrollo internacionales.
Quienes forman parte de la oposición temen que esta restricción económica pueda derivar en actos cada vez más desesperados por parte de Ortega mientras lucha para mantenerse en el poder.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, cuya redacción fue asaltada y bloqueada por la policía, dijo estar "absolutamente convencido de que esto es irreversible", en referencia al impulso para expulsar a Ortega. "Lo que me preocupa es: ¿cuántas personas más van a matar antes de que la policía diga: 'No podemos seguir matando'?".
