El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la situación del país y allanar el camino a un diálogo, tras sangrientas de protestas antigubernamentales que dejaban más de 50 muertos, saqueos e incendios.
"Nicaragua expresa su anuencia para que en el menor tiempo posible la comisión realice dicha visita de trabajo, con el objeto de observar 'in loco' la situación de los derechos humanos" en el país, indicó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una misiva publicada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Twitter.
El gobierno hizo la invitación antes de que venciera ayer el plazo de tres días que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) otorgó a Ortega para permitir el ingreso de la CIDH con el fin de "aclarar las muertes y desapariciones de nicaragüenses" ocurridas en las protestas.
Se trata de una de las condiciones impuestas por los obispos para instalar, en calidad de mediadores, una mesa diálogo propuesta por el gobierno para solucionar la grave crisis que vive el país desde que iniciaron las protestas el 18 de abril y que dejan al menos 53 muertos, más de 400 heridos, unos 60 desaparecidos, decenas de negocios y casas saqueadas y quemadas y denuncias de detenciones ilegales.
Ortega accedió tras fuertes presiones ejercidas por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), numerosos sectores nicaragüenses y crecientes manifestaciones que buscan la democratización del país y su renuncia a la presidencia.
"En una situación como la que vive Nicaragua es esencial la presencia de la CIDH como elemento de credibilidad, confianza y esclarecimiento" de los actos violentos ocurridos en las protestas, afirmó el experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia.
