La salud mental requiere un abordaje transdisciplinar e integral dado que impacta en diversas áreas de la vida humana. En este marco entendemos la importancia del abordaje psiquiátrico en la transversalidad de las distintas situaciones de sufrimiento mental, ya sea por padecimiento o enfermedad.
En atención primaria en prevención, promoción, capacitación y detección precoz. En hospitales generales para abordar las repercusiones psíquicas de las patologías orgánicas, las enfermedades crónicas, las pérdidas de funcionalidad, los cuadros terminales, los duelos, las repercusiones psíquicas y físicas de las adicciones, los embarazos de alto riego o asociados a consumo de sustancias, los cuadros psiquiátricos específicos cuando están dadas las condiciones (psicopatológicas, socio-familiares y edilicias) de recibirlos y numerosas otras situaciones.
También existe el trastorno mental severo, en donde la severidad no está dada por un diagnóstico determinado, sino por la vulnerabilidad y el riesgo que esa persona presenta asociado a situaciones bio psico socio económicas y familiares de extrema complejidad.
Nuestra preocupación por el cierre de los hospitales es genuina y una realidad a nivel nacional.
La ley 26.657 de Salud Mental, que indiscutiblemente tiene una postura en favor de la protección de los derechos humanos, también explicita: “quedan prohibidos por la presente ley la creación de instituciones monovalentes públicas o privados . En caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”(prevé el cierre para 2020).
En otro apartado la ley de salud mental hace referencia a que el paciente tiene derecho a recibir el mejor tratamiento posible acorde a sus necesidades y en muchas ocasiones el mejor tratamiento es la internación.
Las personas o incluso profesionales de salud mental que no tienen experiencia clínica, porque trabajan en gestión sobre la base de elementos teóricos anacrónicos y prejuiciosos, tienden a otorgar a las internaciones connotaciones negativas (cabe aclarar que la ley especifica que el riesgo cierto e inminente es para las llamadas internaciones involuntarias) Lo que desconocen, es que en la mayoría de los casos son los pacientes mismos quienes solicitan una internación, buscando un lugar que los aloje y les posibilite un espacio para pensar y buscar alternativas en el marco de situaciones socio familiares de inefable complejidad.
Se destaca que mucho antes de la creación de esta ley, por ejemplo, el Hospital Pereyra desarrolló un programa modelo en rehabilitación psicosocial, contando con casas de medio camino, hospital de día, seguimiento domiciliario, arteterapia, fundación Milenio de capacitación laboral, proyectos comunitarios “Enlaces” e internaciones promedio que no superan los 21 días.
Desde el primer día que el paciente ingresa al hospital se trabaja en su pronta externación y durante las mismas el abordaje tiene una complejidad tal, que no sólo son fundamentales las intervenciones profesionales (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos clínicos, nutricionistas y enfermeros profesionales), sino también la de los talleristas especializados en música, plástica, educación física y tai chi; voluntariado, asamblea y grupos de género. Lo que permite una rica evaluación de la evolución del paciente fuera de las paredes del consultorio y en interacción con su entorno, en el marco de una fluida comunicación entre talleristas, profesores y profesionales.
De modo similar trabaja el hospital el Sauce. Desde la creación de la ley en 2010 no se creó ningún dispositivo “intermedio” mostrando una ausencia absoluta de políticas públicas en salud mental, es más, la falta de presupuesto ha generado una disminución progresiva de todos los recursos, dificultando el sostenimiento de los programas ya existente.
Por lo tanto lejos está de afectar intereses económicos o “corporaciones”, mucho menos preocupación de los psiquiatras y demás miembros de los equipos interdisciplinarios, por “pérdida de empleos” siendo la psiquiatría una de las especialidades más demandada en numerosos ámbitos.
La única preocupación es que los perjudicados directos son los pacientes de bajos recursos con patología mental severa, que requieren un abordaje específico.
En el mundo hay ya experiencia y estadísticas suficientes para asegurar que en los lugares en donde se cierran instituciones especializadas en salud mental, ocurren tres fenómenos: aumento de la concurrencia a instituciones de ciudades vecinas (sobresaturando el sistema y creando inaccesibilidad), aumento de camas en instituciones privadas o aumento de la población carcelaria (como ocurre en algunas ciudades de los Estados Unidos).
Desde todas las asociaciones psiquiátricas del país estamos solicitando una urgente revisión de estos aspectos de la ley que atentan contra derechos básicos de personas en extremo vulnerables.
Es llamativo que quienes sostienen esta postura de defensa “ciega” de la ley, son personas que no trabajan en contacto directo con las situaciones gravísimas que tenemos que afrontar los equipos interdisciplinarios en los hospitales especializados (mal llamados monovalentes) Lo que deja ver aspectos ideológicos y políticos en detrimento de la defensa de los pacientes y sus derechos.
