Días pasados, el Gobierno nacional oficializó un decreto a través del cual se prohíbe la designación, en el Poder Ejecutivo Nacional, de familiares directos de funcionarios de alta jerarquía.
"Dispónese que no podrán efectuarse designaciones bajo cualquier modalidad, en todo el sector público nacional, que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro", dice la norma en su artículo primero. También expresa que las personas cuyas designaciones se encuentren alcanzadas por el artículo 1, "deberán desvincularse antes del 28 de febrero".
La sanción del decreto motivó una verdadera catarata de renuncias, especialmente de parientes directos de algunos ministros del Gabinete nacional, mientras dos dirigentes centrales de Cambiemos a nivel nacional, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, adoptaron presurosos medidas similares en sus respectivas jurisdicciones.
La decisión bajó luego a los municipios de la jurisdicción y si bien muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron adoptar un criterio similar, hubo otros -especialmente en aquellas comunas en manos de la oposición- que prefirieron no expedirse, con la intención de mantener el statu quo.
En Mendoza el tema no ha entrado en discusión. En primer término, porque la actividad política es escasa (la actividad legislativa está recién recomenzando) y en segundo lugar porque muchos, incluyendo al oficialismo y a la oposición, no han demostrado demasiado interés en poner el tema sobre la mesa de discusiones, quizás porque les llegan los alcances de la ley.
En ese esquema aparece un proyecto de ley, presentado hace ya dos años por el diputado demócrata Marcos Niven, integrante de Cambiemos, quien ha puesto el tema nuevamente en el tapete. El legislador aprovechó el decreto nacional para insistir sobre su proyecto, mientras han aparecido algunas voces -inclusive desde el radicalismo- que hacen alusión a las diferencias internas que surgieron cuando Niven no se sumó al oficialismo en la discusión por la ampliación de la Suprema Corte. Creemos que no se puede hablar de oportunismo en un proyecto que lleva ya dos años de presentado, razón por la cual resultaría interesante su tratamiento, más allá del resultado final que pueda llegar a alcanzarse.
También resultaría oportuno incluir, dentro del tratamiento de temas a discutir, la situación planteada con las comunas donde, mientras continúa la discusión sobre las reelecciones, aparecen situaciones que están dentro del marco legal, pero que rozan lo discutible en lo ético.
Se trata de aquellos casos en que existen verdaderas dinastías municipales, en las que el intendente presenta su renuncia para ocupar un cargo legislativo nacional, cediendo el cargo al titular del Concejo Deliberante que, sorprendentemente, es su hermano. O, como sucede en otro departamento en el que la candidatura a intendente se repite en el caso del apellido y sólo cambia el nombre en el ofrecimiento a la ciudadanía.
Nos encontramos en un año en el que no habrá elecciones, razón por la cual se verán favorecidas las discusiones políticas porque se les quitará el condimento del oportunismo. En ese esquema entonces es que surge la posibilidad de que se profundice el debate y se tomen decisiones sobre aspectos fundamentales que hacen a la vida política de los mendocinos.
Una de ellas es el nepotismo, que podría comenzar a discutirse y la restante es lo que sucede con las intendencias, en las que es necesario modificar algunas situaciones que podrán estar dentro del marco de la ley, pero que son muy cuestionables si lo planteamos desde lo ético.
