Nélida Rojas recibe a Los Andes en la cocina de su casa, en Lavalle. Lo hace junto a su abogado, Alfredo Guevara, que seguirá atento la charla y hasta intervendrá en algunos casos. Lo hace mientras doce familias ocupan casas en un barrio que ella gestionó.
-Dicen que Ud. les recomendó usurpar…
-Es imposible que autoricemos eso. Nunca llevamos a cometer delitos a nuestros compañeros. Ni cuando no teníamos terrenos. Sabíamos que debíamos gestionar la compra, por eso la mayoría son del IPV. Quizá la desesperación los llevó a eso. Llevamos mucho tiempo con demoras en la obra. Con el nuevo Gobierno se paralizaron por 9 meses los desembolsos de certificados de obra. Cuando el dinero llegó, también llegó el anuncio de que el programa no seguiría.
-Antes ya había muchas viviendas sin terminar…
-Son 300 viviendas que estaban en ejecución. Se aprobó el convenio y se hizo el primer desembolso. De ahí en más se paralizó la obra.
-Dicen que en la asamblea que hizo en su casa recomendó ocupar las casas…
-Hay una mamá que tiene el hijo con hidrocefalia. Ella pidió irse a una casa. Le sugerí que podría estar en un aula que hay desocupada, con sanitarios, agua, luz. Le dije que no podemos autorizar la usurpación porque el nene correría riesgo. Y si le pasa algo nos culparían. Sí dijimos que cuidaran que no hubiera más robos.
-¿Tenían que cuidar, quedándose adentro?
-Nosotros construimos desde 2007. Ninguna noticia dice que los barrios de la Tupac se usurparon. Esto salió ahora. Es político. Más ahora que faltan días para las elecciones.
-Las ocupaciones ¿tienen intencionalidad política?
-Tienen que ver con la desesperación de la gente porque ven que ya no hay nadie que termine las casas. Y con que no haya más viviendas sociales. Cuando empezamos en Lavalle había 100 viviendas y teníamos 170 familias; 70 debían esperar otra etapa. Siempre había “otra etapa”. Ahora ni siquiera se pudieron terminar las 300 viviendas con este Gobierno.
-El Municipio dice que hay 190 familias sin casa…
-Probablemente sean las que tienen registradas. Pero si evaluamos la vivienda social que necesita cada departamento, no se termina más.
Guevara irrumpe. "Así se estigmatiza a la Tupac. Había tantas viviendas pero la organización prometió a más gente que las tendría. Es un razonamiento falaz", dice. La charla sigue.
-Lo dice la gente perjudicada...
-La Tupac es una organización social. Probablemente 90% de su gente tenía expectativa de casas. Pero aquí no corre la lógica de una cooperativa de vivienda, de que si hay 100 lotes y se venden 150, es una estafa. Ninguna de las personas de la Tupac compró un lote. Siempre fueron del IPV. El derecho a la vivienda era, en la medida de las posibilidades, que se fueran consiguiendo esas casas.
Al living - contiguo a la cocina- ya llegaron varios de los integrantes de la familia. Está Ramón Martínez, su pareja, también procesado; y su hijo menor, Facundo. También llegan Carla y Leonela, las hijas que estuvieron detenidas (con prisión domiciliaria) desde el 7 de abril al 6 de setiembre
-¿Ud. armó las listas?
-Todo fue por pedido de los municipios. La organización ve prioridades, familia numerosa, discapacidades. Pero el listado lo piden ellos. Nosotros enviamos el listado, el municipio tiene su asistente social y un banco de datos para ver si la gente tiene vivienda, si sus ingresos superan el monto exigido, si tienen causa penal. Otorga o no el lugar e informa si hay bajas.
-Dicen que Ud. define quién entra y sale...
-No. Cuando el municipio informa bajas, pide que se incorporen nuevas familias. Y lo hacemos. Siempre damos prioridad a los más antiguos. Pero no proponemos. El cuerpo de delegados hace una selección de los compañeros.
-Muchos dicen que les prometieron casas en Lavalle, siendo de otros departamentos. Y que los estafaron.
-Nosotros no estafamos. Alguien decidió que no hubiera más viviendas sociales y que acá no pueda entrar gente de otros departamentos. Se les dijo lo que nos informaron.
-¿Por qué cree que la cuestionan, sobre todo desde el manejo de plata?
-Es la consecuencia mediática de la fiscal Chaves. Hasta ahora no hemos sido denunciados. Nadie nos ha acusado. Estamos de acuerdo con que se investigue pero con las personas en libertad. Porque nos metieron presos y después nos quieren investigar.
-¿Cómo explica el blanqueo de $ 4 millones?
-No estamos denunciados por eso. Cuando llegue el momento y si siguen investigando, me imagino que preguntarán a los dueños de esos vehículos, cómo los compararon. No puedo explicar cosas de las que no estamos acusados.
-¿Cómo justifica los vehículos?
-A lo mejor si probaran con trabajar desde las 8 hasta las 2 de la mañana, recorrer toda la provincia y laburar, verían que así la gente mejora. No nos están investigando por habernos quedado con dinero de las cooperativas, ni a mis hijos por tener una cosa u otra, ni por lavado de dinero ni venta de drogas o trata de personas. Somos una familia que labura.
-Pero cuando uno ve el valor de los vehículos…
-Sería bueno que no nos investiguen a nosotros nomás, porque hay gente enriquecida vendiendo droga y envenenando pibes. Y en este momento hay cosas mucho más importantes en el país, como más viviendas sociales para construir. Dicen que cada dos minutos un argentino tiene vivienda, ¿adónde? Acá estamos hace más de dos años paralizados.
-¿Se vendieron casas?
-Uno no puede vender casas cuando no son suyas. Ésa es otra mentira. Si alguien vendió tendrá que averiguarlo la fiscal Chaves, pero desde la Tupac jamás se han vendido casas. La organización no puede vender ni entregar la escritura de una vivienda. Eso lo hace el IPV. En ningún lugar de la provincia hay alguien que haya dicho que la Tupac le quitó la casa y se la dio a otro. Tampoco hay denuncia de eso.
-¿Se ha comunicado con Milagro Sala?
-No. Es un horror que ahora vuelva a la cárcel. No he podido hablar con ella.
El abogado vuelve a participar. "Lo que pasó con Milagro es lo que quiso hacer Chaves cuando intentó revocar la prisión domiciliaria por haber hecho la asamblea. Como si fuera ilegal hacer una asamblea", deslizó.
-¿La Tupac sigue?
-Nunca desaparecerá. Nos pueden hacer callar pero siempre, de algún lado, saldrá un tupaquero llevando la bandera. Mi pensamiento es libre y mi lengua también.
Una libertad "casi como una prisión domiciliaria"
El pasado 6 de setiembre la 8va Cámara del Crimen le otorgó, en una más que controvertida decisión que causó un sacudón político, la libertad a Nélida Rojas, su pareja, Ramón Martínez, sus hijas Carla y Leonela Martínez, y a nuera, Fanny Villegas.
En todos los casos entendió que las imputaciones que había determinado la fiscal Gabriela Chaves, por asociación ilícita y coacción agravada, no eran adecuadas.
Pero esa libertad fue otorgada con algunas condiciones. Una de ellas fue el impedimento, para todos ellos, de acercarse a 31 personas (todas integrantes de la Tupac y denunciantes en las distintas causas) y a sus familiares.
“A algunas ni las conozco”, revela ahora Rojas. “Mis hijas no pueden ni ir a buscar a los nenes a la escuela”, añade la mujer que entiende que “esto es casi como una prisión domiciliaria”.
Milagro Sala se quejó de su regreso a la cárcel
La jefa de la Tupac Amaru, Milagro Sala, sostuvo que “fue muy asqueroso” su traslado de regreso a la cárcel en Jujuy, luego de los 45 días que pasó con prisión domiciliaria en su casona de La Ciénaga, e insistió con que habría un “argumento político” detrás de la medida judicial.
Sala también responsabilizó por su situación al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al presidente Mauricio Macri, mientras el equipo de abogados defensores trabajaba este fin de semana largo para presentar nuevos planteos mañana contra la decisión del juez Pablo Pullén Llermanos que envió a la dirigente de nuevo al penal de mujeres del barrio Alto Comedero.
Desde ese establecimiento penitenciario, en una comunicación telefónica, Sala dijo ayer que el operativo de traslado del sábado “fue algo muy asqueroso”.
“Me llegaron a sacar en pijamas y en chancletas”, se quejó Sala en diálogo con radio Diez.
El juez Pullen Llermanos, quien la investiga en las causas por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, dispuso ayer quitarle el beneficio del arresto domiciliario del que gozaba desde el 31 de agosto porque el viernes la dirigente se negó a cumplir con una revisión médica prevista en el hospital Pablo Soria.
Ante ello, Sala sostuvo que ella había pedido “ir a una clínica para hacerse los estudios”.
Asimismo, la dirigente afín al kirchnerismo pidió “respetar la decisión de la CIDH” Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en una medida cautelar emitida meses atrás tras una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales y los abogados de Sala, aconsejó su arresto domiciliario y control electrónico.
“No van a hacerme agachar la cabeza y no pienso pedir disculpas de nada”, añadió Sala.
En su crítica al operativo que dispuso su traslado por orden del juez Pullen Llermanos, dijo que la “policía de la provincia pasó de prepo” a su casona de Villa Dique La Ciénaga, “empujaron” a su esposo, Pedro Raúl Noro, también imputado en las causas por asociación ilícita y fraude.
“Querían que saliera al patio a firmar una resolución”, admitió Sala respecto de la presencia del grupo especial de la policía jujeña que acompañó a la Justicia para el trámite.
En ese marco, sostuvo que su reingreso a la cárcel tiene un “argumento muy político” que responde a “la manera de trabajar de Gerardo Morales”.
En detalle
Nélida Rojas tiene 63 años y vive en pareja con Ramón Martínez. Tiene ocho hijos, diez nietos “más dos por venir”.
Es enfermera, profesión que tenía cuando ingresó en la militancia sindical en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Llegó a ser dos años consecutivos secretaria general de esa organización obrera.
Allí también se integró a la Tupac Amaru, organización que luego siguió su camino propio.
En 2008, tras la llegada a la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó en Mendoza a ejecutar el Programa de Integración Socio Comunitaria, la herramienta con la que la Tupac Amaru manejó fondos millonarios para construir viviendas.
Integrando a a 20 cooperativas, todas manejadas por familiares y allegados, logró la concesión para construir 1.231 viviendas sociales en toda la provincia.
