Con sentencias inapelables a su favor, a Cristina no le quedó más remedio que pagarle a los fondos buitres. La negociación que encararon de manera secreta y, según dejan trascender, con una dosis de corrección política desconocida los abogados de la Argentina del estudio Cleary Gotlieb Steen &Hamilton con los representantes de NML, el fondo liderado por Paul Singer, consiste en cómo y cuándo podrán cobrar. Se realiza a todo vapor para evitar un default técnico.
Y mientras en Nueva York suceden esos encuentros, en Buenos Aires aterrizan banqueros que no quieren perderse un negocio formidable. El diario Clarín anticipó el último sábado la presencia de operadores de JP Morgan. Ayer se supo que Agostina Pechi, en nombre de Goldman Sachs y otros ejecutivos del Deutsche Bank, Merrill Lynch y HSBC pelean para mediar en el pago a los fondos buitres. El camino en este caso sería el que ya se eligió cuando se emitieron bonos para compensar a Repsol. Esos bonos que Argentina entregó a la petrolera española fueron vendidos de inmediato a través del JP Morgan, una ruta a explorar con los buitres.
Las conversaciones involucran al juez Thomas Griesa que falló a favor del fondo NML y ordenó que cobre la totalidad. Argentina apeló y la Corte Suprema de EEUU decidió no tomar el caso, con lo que la sentencia de Griesa no solo quedó firme sino que también cayó una medida cautelar que ponía al país a salvo de embargos cuando tuviese que cumplir compromisos con quienes entraron a los canjes anteriores. El próximo 30 vence uno de esos pagos por US$ 900 millones, de los cuales US$ 225 millones deben abonarse en Nueva York. El país podría ingresar en default técnico, aunque cuenta con otros 30 días adicionales.
Este diario supo que no irá a EEUU ninguna misión con altos funcionarios del gobierno. Es que se consideran oficiales soberanos que deben tener un cuidado extremo en aparecer en esas tratativas. Y esto es así porque por una cláusula del canje de deuda denominada RUFO por sus siglas en inglés (“rights upon future offers”) no se puede ofrecer a quienes no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 mejores condiciones de los que obtuvieron los que sí aceptaron. Esa claúsula vence el próximo diciembre y Argentina no debería mostrar ninguna señal de incumplimiento. Caso contrario, quedaría sometida a demandas judiciales multimillonarias que el abogado Marcelo Etchebarne calcula en US$ 500.000 millones, imposibles de pagar.
Para el economista Miguel Bein no es seguro que el juez Thomas Griesa reponga la medida cautelar, conocida como state, de manera inmediata. “Habrá una hoja de ruta para definir la forma de pago a partir de 2015 y Argentina tendrá que mostrar que va a acatar su sentencia depositando una garantía que puede alcanzar los US$ 400 millones. De esa manera es probable que se reinstale la medida cautelar para que se pueda seguir cumpliendo con el resto de los bonistas”, dijo.
Bein apuesta a un arreglo y a que se evitará el default. “Mañana (por hoy) mercados van a volar, como sucedió en Nueva York el viernes tras el discurso presidencial”, vaticinó. Más cauto, su colega Javier Alvaredo anticipa una difícil negociación desde una posición de debilidad, por los fallos judiciales adversos. Recomienda no recurrir a bravuconadas.
