El título de esta nota de por sí parece una redundancia, pero expresa aquello por lo que debemos luchar como Estado Provincial: lograr no solo la concientización sobre las problemáticas de no respetar las normas a la hora de conducir un vehículo, sino también actuar contra quienes aún sabiendo los riesgos deciden hacerlo poniendo en riesgo un sinnúmero de vidas.
Las últimas semanas hemos visto en diversos medios de comunicación historias tristes con dos denominadores en común: la muerte y el alcohol en sangre de los conductores.
El gobernador Alfredo Cornejo, elevó a la Honorable Legislatura el pedido para endurecer las penas a quienes decidan salir a conducir sabiendo que han tomado alcohol y poniendo en riesgo su propia vida y la de terceros.
Los ciudadanos tenemos que exigir que se respeten las leyes, que existan programas de toma de razón, mayores controles y sobre todo penas ejemplares para que se tome conciencia sobre esta problemática que está matando cada vez a más personas y que tiene como única causa el consumo excesivo del alcohol y la negligencia al conducir un vehículo bajo los efectos del mismo.
El Estado tomó cartas en el asunto, porque es lo que corresponde a un gobierno que, gracias al orden, puede sentar nuevas prioridades. Es por eso, como recién afirmamos, que el Gobernador Alfredo Cornejo remitió a la Legislatura Provincial un proyecto de ley de “endurecimiento de sanciones para conductores ebrios”.
Más allá de las modificaciones que presenta el proyecto, relacionado con las distintas infracciones que contempla y que en un caso, caerá bajo la órbita de la Ley de Tránsito, y en otro, bajo la normativa contravencional, hay que resaltar el fuerte endurecimiento de las penas para uno y otro caso.
No se busca una mera medida paliativa de la realidad marcada por la presencia del alcohol al volante. Realmente se busca que quien sea detenido con niveles de alcohol superiores a los autorizados deba presentarse ante el juez, dar su versión, establecer defensa y recibir una condena.
Se busca generar en el ciudadano un efectivo cambio de conducta y que asimile que no debe conducir cuando ha ingerido alcohol por sobre lo autorizado.
Se busca que entendamos de una buena vez, que no sólo se pone en peligro la vida de cualquier otro transeúnte, sino la vida de cada uno de nosotros.
Desde el Estado, y como sociedad, debemos lograr que la conducción bajo los efectos del alcohol, sea considerada una conducta reprochable y desacreditada. Debe dejarse de ver como “canchero”, “divertido” o “vivo” a quien conduce ebrio.
Debemos entender que eso genera un riesgo inminente para la sociedad en su conjunto.
Es decir, que además de las sanciones legales, debemos llegar a generar la propia sanción social a través de la educación social.
La triste y fría realidad de las estadísticas, nos obliga a avanzar con fuertes castigos contra aquella persona que conduzca alcoholizada y que altere de esta manera el orden social.
Debemos estar en presencia de sanciones que sean ejemplarizadoras tanto para aquel al cual se le aplica como para su círculo social.
A fin de que no sea letra muerta el proyecto de ley cuyo tratamiento está en la Cámara de Diputados, soy consciente de que además de las penalidades impuestas por el proyecto, debemos intervenir con fuertes, periódicos y aleatorios controles.
Sin olvidar, por no ser menos importante, la presencia activa de campañas publicitarias y educación adecuada con información fidedigna.
En síntesis, con decisiones y acciones como las asumidas por el Gobierno de Mendoza, que endurecen fuertemente los castigos pero que permiten un margen de tolerancia para el cumplimiento de la ley, claramente se sigue apostando a lograr una sociedad segura, con un Estado presente y que cuida a los mendocinos, con políticas que se van adaptando a la realidad de todos.
