Ya se sabía que allí donde la sociedad percibe un problema o plantea un reclamo (la inflación, la seguridad), o donde la dinámica del mercado señala un desequilibrio (el dólar "blue", la caída de la producción local de hidrocarburos, la explosión de las importaciones energéticas), el gobierno ve invariablemente un complot.
Arrogarse méritos si algo va bien y echar culpas y lavarse las manos si va mal es parte del ADN crisnerista. No hay allí nada novedoso.
Sin embargo, la reciente declaración de la Presidenta, en una de sus charlas de Olivos que la TV Pública pasa entre los partidos de fútbol de mayor rating del domingo, de que la rebelión fiscal de 2008 fue un intento "destituyente" que puede repetirse fue, más que una reedición de afirmaciones pasadas, un anticipo de excusas futuras.
La Presidenta ha hecho del principio doctrina y lo aplica en cualquier circunstancia.
Cuando, apenas asumida, se supo que Guido Antonini Wilson, un venezolano invitado por un amigo de Néstor Kirchner, que ingresó al país en un vuelo charter contratado por una empresa estatal (Enarsa) controlada por Julio De Vido y que luego asistió a la Casa Rosada a un acto en el que hablaron Kirchner y Hugo Chávez, había entrado con una valija de 800.000 dólares sin declarar y que partió sin reclamar, Cristina denunció una "operación basura" de EEUU.
Poco después, la Presidenta, a quien a fines de 2007 su esposo había dejado en herencia una fuerte suba de las retenciones a las exportaciones agrícolas y de combustibles, volvió a aumentarlas justo antes del inicio de la cosecha sojera y se topó con la rebelión fiscal del campo, denunció un "intento destituyente".
En 2008 reestatizó Aerolíneas porque la habían "vaciado". Desde entonces, la empresa insumió casi 4.000 millones de dólares en subsidios. Hizo lo mismo con el sistema previsional, para luego saquear los fondos jubilatorios.
En 2009 sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para "democratizar la palabra", y se dedicó a montar un aparato de propaganda y alcahuetería.
En 2012 confiscó acciones de la "vaciadora" Repsol para lograr mayoría estatal en YPF y así recuperar la "soberanía energética". Pero la producción siguió cayendo y la YPF Nac&Pop firmó con la multinacional Chevron un acuerdo cuyas cláusulas se niega a difundir.
En 2011, para citar tiempos más propicios al ánimo oficial, la Presidenta esperó ganar las elecciones del 23 de octubre para instaurar, días después un "cepo cambiario" que, según nos informó el domingo pasado, no existe.
Por aquellos días, el superplayboy Amado Boudou y el superministro Julio De Vido anunciaron una quita de subsidios que llevaría a fuertes aumentos en transporte y electricidad. Pero frenaron a poco de arrancar, debido a la masacre ferroviaria de Once.
Este año, los subsidios superarán con comodidad los 100.000 millones de pesos.
Con esos antecedentes, ¿qué puede esperarse luego de las elecciones?
El Senado remachará esta semana la armadura financiera: presupuesto dibujado, prórroga de la emergencia económica para que la presidenta maneje ingresos y gastos a piacere, y otros toques impositivos. Pero no alcanza para tapar agujeros cada vez más grandes y ostensibles.
En lo que va del año el Banco Central perdió más de 8.000 millones de dólares y sus reservas ya cayeron oficialmente por debajo de los 35.000 millones. La cifra es inferior a los 30.000 millones si se excluyen los dólares que los bancos depositan en el Central como "encaje" por las cuentas en dólares de sus clientes, e inferior a 20.000 millones si también se restan créditos externos y Letras dolarizadas que el Tesoro le da al BCRA cuando le saca dólares de verdad para "desendeudarse".
En los primeros ocho meses, las importaciones energéticas insumieron más de 9.000 millones de dólares y para fin de año superarán los 13.000 millones. Varios barcos con gas comprimido demoraron su entrada a los puertos "regasificadores" de Escobar y Bahía Blanca, porque no aparecían los dólares para que Enarsa pague "cash", único modo en que los proveedores aceptan venderle a la Argentina.
Mientras, el olvidado acuerdo con Irán se volvió presa del palabrerío oficial. Repasemos: el canciller Héctor Timerman negó durante casi dos años haberlo estado negociando, mantuvo la primera reunión formal con su par iraní el Día del Perdón en 2012 y lo firmó el Día del Holocausto en 2013. Un punto clave era la formación de una "Comisión de la Verdad", a negociar con un gobierno negador del Holocausto, uno de los hechos más documentados de la historia.
Ahora los vientos cambiaron. Palabras más o menos, el nuevo líder iraní, Hassan Rohani, reconoció que los nazis mataron unos cuantos judíos y habló por teléfono con el presidente de EEUU, Barack Obama, a ver si se ponen de acuerdo en el temita nuclear.
Al toque, la Presidenta aprovechó para pedirle a Obama, por Twitter, que incluya en las charlas el atentado a la AMIA. Ojalá así sea. En todo caso, no será resultado del acuerdo que el patético Timerman firmó con el gobierno de Mamoud Ahmadinejad, sino de las sanciones internacionales que forzaron a su sucesor, Rohani, a buscar una salida negociada.
Pero volvamos a las efectividades conducentes. ¿Qué hará el gobierno después de las elecciones para desarmar la bomba de la inflación, el dólar, las reservas, las importaciones de gas, los subsidios? Hay señales de tarifazo (en septiembre, por caso, la acción de Edenor subió 93%) y también de dolarazo (el blue se acerca otra vez a los diez pesos, el blanqueo fracasó, las reservas siguen en baja).
Parece un dilema. Hacer algo así sería reeditar un Rodrigazo. Y no hacer nada equivaldría a esperar que la explosión ocurra sola. Lo único seguro es que, pase lo que pase, la Presidenta denunciará conspiraciones.
Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.
