Las cartas ya están sobre la mesa y no hay misterios sobre el juego que se viene. El problema es que todos los jugadores saben que a todos les toca una parte: hacer el ajuste, y nadie quiere. Los que más se resisten son los jugadores políticos mientras los privados argumentan que siempre les toca a ellos y que empiecen los del sector público.
El juego consiste en que hay que eliminar rápidamente el déficit fiscal porque nos quedamos sin financiamiento externo, en parte por el desorden que rige a nivel global y en parte porque relajamos las metas originales y propusimos más tiempo de déficit. Ahí el mercado dijo ¡basta!
El problema es por dónde hacer ese ajuste de un déficit de 3% del PBI que el gobierno quiere llevar al 1,3% en 2019 y a 0 en 2020. La primera receta es bajar los subsidios que se aplican a las tarifas de los servicios públicos, la segunda es eliminar las transferencias no automáticas a las provincias, la tercera, además, transferirles a los gobernadores la responsabilidad del financiamiento de programas y, por último, disminuir la obra pública.
Uno de los temas más complejos es tocar el gasto público Nacional, compuesto en un 65% por gasto social (jubilaciones, pensiones y otras prestaciones), y el resto son transferencias a provincias y gasto de funcionamiento e inversiones. El funcionamiento es complejo tocarlo porque la mayoría es gasto de personal, mucho del cual goza de estabilidad en el cargo.
No obstante, está demostrado que existen nichos de ineficiencia por todos lados, producto de un Estado que en los últimos 30 años creció en forma desmesurada y descontrolada. Estos sectores podría rápidamente corregirse, pero existe una resistencia de los funcionarios a hacer cualquier tipo de ajuste y siguen pensando en poner o aumentar impuestos.
Esta semana hemos visto el triste espectáculo del Jefe de gabinete y el Ministro de Hacienda con discursos contradictorios sobre el impuesto al turismo al exterior. De esta polémica se prendió el senador justicialista Miguel Angel Pichetto para proponer este impuesto en el Presupuesto 2019. Este impuesto no soluciona el problema del déficit y no tiene mucha utilidad cuando el dólar está en un nivel de $ 30, que le pone un freno natural a los viajes al exterior.
De la misma manera hubo una polémica por las retenciones a las exportaciones de soja, donde unos funcionarios querían suspender su eliminación y otros querían mantener el cronograma. Finalmente, las entidades del campo tuvieron que ver al Presidente para éste les asegurara que no se tocarían. Esto muestra la falta de credibilidad de los funcionarios.
El dilema con las provincias
El gobierno nacional ha comenzado a negociar con los gobernadores varios aspectos. El primero, es que, dado que las provincias están recibiendo mayores fondos de coparticipación, además de la devolución de a poco del 15% que se les había retenido durante el kirchnerismo, estas deberían hacerse cargo de financia diversos programas que ejecutan pero hoy financiados por la Nación.
Es probable, también, que se terminen ciertas transferencias discrecionales y los mandatarios, especialmente los peronistas, están pidiendo que haya un relajamiento de las normas del Pacto Fiscal, por el que se comprometieron a una rebaja progresiva de impuestos, donde resalta Ingresos Brutos.
Claramente, la mayoría de los gobernadores peronistas están resistiendo la baja del gasto dado que tienen un elevado número de empleados públicos y están previendo que, ante una perspectiva de menor actividad económica, la recaudación del impuesto se resienta y no quieren mayor disminución bajando alícuotas. Porque también les preocupa una caída de impuestos nacionales que implique menor coparticipación.
Uno de los problemas más serios es reconocer que el mayor volumen de empleados del Estado se incorporó en provincias y municipios, aunque también justo es reconocer que son los que deben asumir las funciones básicas del Estado en educación, salud, seguridad y justicia. No obstante, en el medio se colaron miles de puestos innecesarios.
En cuanto a la reducción de los subsidios a las tarifas, a pesar de que se está avanzando, la devaluación y la suba del precio del petróleo están generando un problema porque se mantiene un esquema de precios regulados con tarifas fijadas en dólares por el Estado. Sería muy importante que se avance hacia una desregulación y que se transformen en mercados competitivos.
Ya se anunció la idea de ir pasando a una liberación del mercado del gas, para dejar de pagarle subsidios a las compañías petroleras y los mismo debería hacerse con la electricidad, para volver al esquema original donde se transaban en una mesa de compra y venta los flujos de energía para que los precios puedan bajar y dejar de pagar subsidios.
Queda pendiente algo que puede no ser significativo para bajar el déficit, pero esencial para mostrar autoridad moral a toda la población y es revisar los gastos de la política. Los ingresos y extras que tienen funcionarios, legisladores y magistrados, que parecen propios de una economía rica, cuando provienen de una sociedad empobrecida por el excesivo gasto público, deben bajar y algunos, eliminarse.
En este sentido, sería también una buena muestra que el presidente decida desarmar la estructura tan grande que montó y queden no más de 8 o 10 ministerios y se supriman la gran cantidad de secretarías y subsecretarías que se crearon. Hay que liderar con el ejemplo.
La pelea del presupuesto 2019
Esta semana el gobierno anticipó las pautas sobre la cuales se lanzará la discusión por el Presupuesto para el año próximo. Los datos difundidos prácticamente se están ratificando las metas básicas que se le plantearon al FMI, es decir, un déficit de 1,3% del PBI, una tasa de crecimiento del 2%, inflación anual del 17%. También se prevé una mejora en la balanza comercial, con exportaciones creciendo 10,7% e importaciones 7%. El proyecto calcula una caída del consumo público del 3,7%, aumento del consumo privado del 1% e inversiones creciendo 5,9%.
Tanto desde los gobernadores peronistas como desde la oposición han planteado la intención de colaborar, pero quieren introducir muchas modificaciones para evitar tener que sacrificar el gasto y acá aparece una estrategia política arriesgada pero con consecuencias.
El gobierno de Macri está dispuesto a no hacer concesiones para cumplir lo comprometido y en tal sentido, está dispuesto a vetar cualquier modificación y, en caso de no conseguir el número, continuar con el presupuesto de 2018, lo que perjudicará seriamente a los gobernadores ya que no les aumentarían para nada los ingresos.
