El narcotráfico pasó a ser una de las mayores preocupaciones de la sociedad argentina en estos tiempos, equiparable a la ola de inseguridad y a los problemas económicos que tanto aquejan el bolsillo y la planificación familiar mensual.
Sin embargo, las autoridades nacionales continúan adoptando posturas bastante contradictorias con respecto a este grave problema, con lo que se llega a dudar de la real capacidad e idoneidad del Estado para neutralizar los efectos de este verdadero flagelo.
Recientemente, la Iglesia argentina volvió a manifestar su profunda inquietud al respecto y reclamó la adopción de medidas urgentes. El Episcopado se atrevió a pedir una política de Estado que permita consensuar estrategias a mediano y largo plazos. Esto ocurrió pocos días antes de que la presidenta de la Nación fuese recibida por el papa Francisco en el Vaticano.
Con buen criterio, los obispos advirtieron en su último pronunciamiento que si la dirigencia política no toma medidas de inmediato, costará mucho esfuerzo erradicar los efectos del narcotráfico y su influencia en los distintos niveles sociales.
La Justicia también sumó su advertencia, para nada despreciable. Al inaugurar el Año Judicial, el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, sostuvo enfáticamente que el narcotráfico se encuentra afectando el Estado de Derecho. La visión judicial no es menor, puesto que uno de los descargos habituales de las autoridades suele hacer alusión a la supuesta falta de capacidad de la Justicia para salir al cruce del movimiento de las drogas a través de las fronteras.
Y a nivel internacional se viene cuestionando a la Argentina por la falta de controles y de informes adecuados sobre los mecanismos que se practican para neutralizar el movimiento de las drogas en nuestro medio.
Esas autoridades a las que la Iglesia y la Justicia les llaman la atención sobre la urgencia del caso muestran tremendas contradicciones que hacen dudar aún más sobre la verdadera capacidad operativa vigente.
El secretario de Seguridad del Gobierno nacional, Sergio Berni, expresó públicamente que “todas las policías del mundo están corrompidas por el narcotráfico”. Y si bien insiste en que la Argentina no es un país productor de droga, por más que haya laboratorios, se expresó a favor de una reforma estructural de las policías, dejando abiertos muchos interrogantes.
Por su parte, el titular de la Sedronar, el organismo nacional a cargo de la prevención y control del narcotráfico, no dudó en sumarse a la visión conspirativa que tanto ha caracterizado al kirchnerismo, atribuyendo a una ofensiva de “las corporaciones y los medios de comunicación” la terrible situación que se vive con el tráfico de drogas.
Las consecuencias del accionar de las bandas que participan de este flagelo social ya se están viendo periódicamente. Sangrientos tiroteos entre narcos, bandas “VIP” desmanteladas con vínculos en la farándula, amenazas de muerte a jueces y funcionarios y el reciente asesinato a sangre fría de un ex jefe de sicarios colombianos en los Bosques de Palermo, entre otros sucesos, van dando cuenta de la magnitud de las actividades vinculadas al tráfico de drogas.
Como una enfermedad silenciosa que nadie advirtió a tiempo y que ahora comienza a hacer sentir sus males.
