Finalmente, el gobierno provincial dispuso eliminar un polémico artículo del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal que condicionaba la información de acciones oficiales. La mencionada cláusula planteaba una clara centralización informativa en dependencias que habilitara a tal efecto la Procuración General de la Suprema Corte.
Desde que se conoció la iniciativa, Los Andes captó y compartió la preocupación de los sectores que no avalaban los mencionados cambios y reflejó el peligro que podía significar, para la libertad de informar, que la mencionada reforma tuviera votación favorable en la Legislatura.
Haciéndose eco de la inquietud que se generó en nuestro medio por este posible cepo informativo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Sentenció que la cláusula que se proponía representaba una suerte de control político sobre información “de claro interés público”.
Por eso Adepa, a través de su comunicado, exhortó a los legisladores de nuestra provincia “a seguir garantizando una relación abierta de la Justicia con la prensa”.
La marcha atrás del Gobierno con respecto al artículo de la polémica fue un gesto de madurez interesante porque, de esa manera, el Poder Ejecutivo dejó de lado una parte excesivamente opinable y de difícil resolución, del proyecto de ley en tratamiento y, en cambio, puso a salvo la parte esencial del texto en debate, cuya importancia radica en el avance hacia mecanismos legales que permitan combatir con más eficiencia que hasta ahora la inseguridad y la impunidad.
La decisión del gobierno provincial de revisar su propia iniciativa constituye desde todo punto de vista un loable paso hacia la transparencia y agilización de los actos surgidos en la administración del Estado.
También muestra que el gobierno de la Provincia supo escuchar los reclamos y preocupación de este diario y una buena porción de la opinión pública de la provincia sobre el peligro que acarreaba la aprobación lisa y llana de la cláusula mencionada como venía propuesta oficialmente.
Los planteos que se efectuaron desde los medios y de parte de algunas voces políticas se sustentaban, además, en la inconveniencia de dejar en manos interesadas la aplicación de cláusulas totalmente reñidas con la libertad de información bien entendida.
Debe tenerse presente que la libertad de prensa nunca constituye un obstáculo para investigar, sino una apoyatura indudable cuando la premisa es la de difundir sin amarillismos ni intereses políticos y sectoriales.
