Según cálculos privados, la presión impositiva promedio en 2019 alcanzará al 42% del PBI, el doble de la que existía en 2001. En las modificaciones del Impuesto a los Bienes Personales se dejó expresamente excluidos a los inmuebles que tuvieran como destino vivienda única familiar, con una tasación de hasta 18 millones de pesos, pero quien tenga inmuebles destinados a renta deberá pagar esta nueva carga. Donde no hay excepciones es el caso de los automotores, cuyo valor será actualizado según la tasación del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, cuyos valores son superiores entre un 50 y un 100% a los valores actuales, fijados por la Afip.
Las empresas, a su vez, no podrán apelar al ajuste de balances por inflación, lo que, sobre todo este año, las hará tributar sobre ganancias nominales irreales.
Además, los que exportan no podrán evitar las retenciones, que ahora abarcan a todos los rubros, incluso los servicios, que nunca estuvieron alcanzados.
El problema grave es que, además, muchas provincias no bajarán impuestos como se habían comprometido en el Pacto de Responsabilidad Fiscal firmado en 2017 e, incluso, algunas aumentarán.
Parece que tanto la Nación como las provincias, al no bajar seriamente el gasto, decidieron retomar el camino de la irresponsabilidad fiscal.
Cualquier análisis legal mostraría que un porcentaje de impuestos que supere el 40% es claramente confiscatorio y es un grave avance del Estado afectando el derecho de propiedad, uno de los pilares en los que se funda la democracia republicana.
El derecho de propiedad es el que estimula el riesgo empresario y la actividad de los emprendedores y garantiza las libertades individuales.
Tan grave es la situación que los últimos impuestos ha generado un malestar generalizado con la clase política argentina, superando a la devaluación y a la inflación, que causan efectos similares de manera menos notoria.
Además, la actitud de los políticos de volver a avanzar sobre el sector privado causa mayor descontento, pero siembra una semilla muy peligrosa como es el desencanto de la ciudadanía en el sistema democrático.
Argentina necesita revisar el funcionamiento del sistema republicano porque está resultando demasiado oneroso para los ciudadanos que no reciben devolución de servicios de calidad por la cantidad de impuestos, tasas y contribuciones que se ven obligados a pagar de forma compulsiva.
Tenemos tres niveles de Estado con funciones que se han venido superponiendo porque el déficit de servicios de algunos de ellos termina generando mayores costos de ineficiencia.
La existencia de doble o triple imposición en muchos casos genera una sensación de robo por parte del Estado hacia los ciudadanos y termina siendo un premio para los que deciden sacar bienes del país o tenerlos en forma no registrada.
Solo hay que revisar la Constitución Nacional para volver a entender los fundamentos del sistema Republicano, las atribuciones que son propias de las provincias y las que estas le han delegado a la Nación.
De la misma forma, deben quedar bien delimitadas las responsabilidades de los Estados provinciales y de los Estados municipales para evitar que, en la confusión, haya duplicidad o superposición de actividades hasta la ausencia de las mismas por la confusión de creer que es responsabilidad de otro.
La sociedad ha llegado al límite de la tolerancia. Los políticos deben entender de una vez por todas que el Estado es una conformación jurídica para servir a la sociedad y no para servirse de ella.
Estamos viviendo una crisis producida por un manejo irresponsable del Estado por parte de los políticos en los últimos 70 años y debido a esto, Argentina no puede crecer porque el sistema productivo está asfixiado.
Es urgente, y si no se toman decisiones profundas es posible que se caiga en incumplimientos generales o a una mayor informalidad, complicando todos los planes. ´
Es hora que toda la dirigencia se ponga de pie y diga basta, antes que lo digan los ciudadanos. Las cosas no pueden seguir así.
