La Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol) denuncia ante las comisiones de Derechos y Garantías de ambas Cámaras y ante los presidentes de todos los bloques, “la virtual interrupción de las prestaciones de salud de OSEP”. Además también remitió una carta documento al titular de la Obra Social de Empleados Públicos, Alberto Recabarren.
Amuppol y su titular Omar Alcalde juran que el Gobierno provincial debe 300 millones de pesos a la Obra Social de Empleados Públicos, deuda que sería de los aportes descontados a los afiliados por parte del Ejecutivo y que nunca fueron depositados en la cuentas de la OSEP y amenazan con una denuncia penal por varios delitos en los que estarían incurriendo los funcionarios del Ejecutivo.
De entrada, al mencionar la retención de aportes de los trabajadores que no van al destino que deberían tener, encuadra en la figura de retención indebida; pero Alcalde también menciona otros delitos: “estafas” porque se retiene plata a los afiliados por un servicio que no reciben; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abandono de persona”.
No es una novedad que las asociaciones profesionales vienen recortando las prestaciones por fuera de los efectores propios de la OSEP. De hecho tampoco es novedad la situación delicada de las cuentas públicas y las deudas a proveedores del Estado. Sin embargo, desde OSEP afirman que responderán la carta documento rechazándola por improcedente, ya que niegan ese “virtual” cese de prestaciones.
Las acusaciones de Amuppol circulan hace varios días por la Legislatura, más precisamente desde el 15 de mayo pasado. Un día antes, el 14, Alcalde mandó la carta documento a Recabarren.
