La demora en la definición de la Cámara Nacional Electoral sobre la posición final de los candidatos del Frente para la Victoria en Mendoza ya provocó una decisión práctica del comité de campaña oficialista.
Tatiana Mussato comenzó a aparecer en los afiches entre Alejandro Abraham y Omar Félix. Esta ubicación está más acorde con el segundo puesto que con el tercero en la lista de diputados nacionales.
Así lo había confirmado el juez federal Walter Bento, lo que motivó las impugnaciones del radicalismo, el Partido Demócrata y el Partido Federal ante la Cámara Nacional Electoral.
La resolución gráfica permite dejarla en la posición central de los afiches sea cual fuere la decisión final de la Justicia. Aunque tampoco se descarta que la campaña del Frente para la Victoria deba contemplar cierta ‘movilidad’ de sus candidatos en las carteleras públicas.
Ante ello, desde el PD fueron lapidarios: “Este implícito reconocimiento, sugiere que prevén un fallo adverso frente a la apelación presentada o que simplemente han decidido dejar de lado lo interno y cumplir con la ley. No puedo pensar que quieran mantener todo como está y falsear la comunicación publicitaria, sería escandaloso”, dijo su presidente, Richard Battagion.
En tanto, en Buenos Aires se especula que la decisión final recién se produciría mañana, día en el que está prevista una reunión entre el presidente de la cámara, Alberto Ricardo Dalla Vía, el vice Rodolfo Emilio Munné y el vocal Santiago Hernán Corcuera.
Todo indica que la semana pasada un fiscal civil con funciones en la órbita de la cámara (no identificado a raíz de las subrogancias de la feria judicial) actuó como ‘procurador’ y emitió un dictamen no vinculante.
Si bien no trascendió la resolución de ese dictamen, se pudo conocer que tomó en cuenta fallos anteriores sobre planteos similares en Tucumán y Buenos Aires. Ambas normativas muestran decisiones finales que favorecen la formación de alianzas a la hora de contar los ‘cargos entrables’ para definir los lugares que debe ocupar el cupo femenino.
Esta jurisprudencia parece inclinarse a favor del criterio del FPV, pero es anterior al dictado en 2001 del decreto reglamentario que se muestra más cerca de las impugnaciones oportunamente planteadas.
