Los últimos acontecimientos ocurridos en el sur de la provincia, a consecuencia del tratamiento en la Legislatura de un proyecto de ley que autorizaba la prospección y exploración de mineral de hierro en Malargüe, revelan signos inquietantes de desintegración provincial.
Los hechos son conocidos: aprobado el proyecto de referencia por el Senado, pasó a Diputados donde terminó siendo rechazado a causa de la enorme presión ejercida por diversas entidades de General Alvear, en nombre de la “defensa del agua”.
No interesa ahora discernir quién tiene razón o qué camino seguir; en esta columna hemos abordado en más de una oportunidad el asunto agua y minería y lo seguiremos haciendo.
Pretendemos llamar la atención sobre un fenómeno político e institucional que viene desde bastante tiempo, pero que va adquiriendo un tono que obliga a una reflexión seria y serena.
Nos referimos a los poderes que, de hecho o de derecho, se atribuyen los municipios, especialmente el dominio sobre el territorio, como si el municipio fuera un verdadero Estado independiente, donde sólo sus autoridades disponen qué se puede hacer y qué no en su territorio.
Decimos que es asunto que viene de lejos. Basta recordar las discusiones sobre la localización de la nueva cárcel o sitios donde depositar los residuos.
Es evidente que se está transitando un camino de seria deformación institucional. Cierto es que la reforma constitucional de 1994 introdujo el concepto de autonomía municipal que las provincias debían incorporar en sus Constituciones.
No menos cierto es que tal cosa no ha ocurrido en Mendoza. Tal como sostiene una especialista en el tema y que propicia la reforma de la Constitución, “en torno del caso, surge del texto constitucional de 1916 vigente como asimismo de los antecedentes constitucionales, que no existe reconocimiento alguno de la autonomía municipal en el ámbito institucional”.
Nuestro país es organización federal. Son las provincias las que tienen potestad sobre el territorio en todo aquello que no han delegado en el poder central. Pero si ahora esa potestad se la apropian los municipios, si el órgano representativo de la provincia no puede legislar sobre un tema trascendente como la minería, cabe preguntarse qué es el Estado provincial.
Dado que la población, el territorio y el gobierno son los elementos constitutivos del Estado, en los hechos algunas provincias, entre ellas la nuestra, se van pareciendo a un Confederación de Municipios, donde buena parte de las funciones del gobierno provincial aparecen como redundantes.
En realidad lo que estamos observando es la reproducción del fenómeno que desde hace décadas ocurre en el conurbano bonaerense, donde los intendentes de esos partidos se han ganado el calificativo de “barones del conurbano”, en razón del poder que ejercen. Aquí no les hemos dado título “nobiliario”; los llamamos con precisión semántica “los caciques territoriales”.
En ambos casos, toda una síntesis de la preocupación que queremos transmitir. El fenómeno que está ocurriendo tiene varios componentes que se entrecruzan y el resultado no parece bueno. Por un lado se ha ido operando una cierta descentralización administrativa que ha llevado a los municipios a replicar la organización del Gobierno provincial.
Basta ver un organigrama y los cargos para comprobarlo. Otro elemento fundamental es el clientelismo político generado por la derivación a los municipios de la mayor parte de los denominados planes sociales. Estos son la “boca de expendio” del asistencialismo y los punteros políticos los encargados de llegar a los clientes. Ésta es la base del poder de los “caciques”.
Como consecuencia de todo ello, la política se ha “territorializado”, como se dice ahora. Los líderes nacionales dependen de coaliciones de gobernadores y estos dependen de coaliciones de intendentes.
Basta para comprobarlo la lectura de la información política cotidiana. Por esos extraños vericuetos de la historia parece que vamos desandando el camino que nos llevó del régimen feudal al Estado Moderno y emprendemos el retorno a los feudos y a los “señores feudales”.
Para completar el inquietante cuadro de esta involución, recordemos que en las tres décadas de democracia muchos de estos “feudos” se han convertido en hereditarios. Es hora de reflexionar a dónde va nuestro sistema institucional democrático, representativo y federal.
