El Congreso de la República de Perú inició el debate sobre el restablecimiento del servicio militar obligatorio, suspendido desde 1999. Dos nuevos proyectos de ley buscan imponer esta medida para jóvenes desempleados, sin estudios y con antecedentes judiciales, con el objetivo de “combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana”.
LOS PROYECTOS EN DISCUSIÓN
El primer proyecto fue iniciativa de la Municipalidad de Los Olivos. Propone que el servicio militar obligatorio se aplique a jóvenes que lleven más de seis meses sin empleo, no cursen estudios o tengan antecedentes judiciales por delitos como omisión de asistencia familiar. El enfoque de la propuesta está en disminuir la delincuencia en el distrito, que registra altos índices de inseguridad.
La segunda iniciativa es de la congresista del partido Alianza para el Progreso, María Acuña. Presentó una propuesta similar, pero su proyecto busca brindar formación en valores y disciplina a los jóvenes, alejándolos de las redes delictivas y promoviendo su reintegración social.
Ambos proyectos coinciden en que el servicio militar obligatorio sería una herramienta de prevención social, combinando disciplina y formación para reducir la delincuencia juvenil. Ninguno detalla todos los beneficios, sin embargo, se espera que mantengan la compensación económica y otros incentivos actuales del servicio militar voluntario, para garantizar que resulte un atractivo para los jóvenes.
OPINIONES DIVIDIDAS SOBRE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
El debate generó posturas encontradas. Algunos sectores consideran que esta medida podría ser efectiva para reducir la delincuencia juvenil y ofrecer oportunidades a los jóvenes en situación vulnerable. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio Público y el Poder Judicial muestran que solo el 1% de los delincuentes en Perú son menores de edad, y menos del 9% de los sentenciados tienen 18 años o menos, lo que llevó al otro sector a cuestionar la efectividad de esta política.
Expertos en políticas públicas y derechos humanos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los jóvenes desempleados y sin estudios, asociándolos automáticamente con ser “sospechosos” de conductas delictivas. Además, destacan que las raíces de la inseguridad son multifactoriales y requieren soluciones integrales.
