El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) consiguió el secuestro parcial de activos de la Corporación La Prensa S.A. (Corprensa), editora de uno de los principales diarios de Panamá, luego de que un juzgado civil –donde se ventila una demanda que interpuso contra esta casa editoral hace ocho años– ordenara la acción sobre bienes y acciones de la empresa, que afecta a contratistas, periodistas y personal administrativo.
Según opiniones calificadas de ese país y de América Latina, este secuestro pone en riesgo las libertades de expresión y de prensa.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), por ejemplo, expresó que es de “suma preocupación” el secuestro de las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A., por el peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de “un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión”.
“La libertad de expresión e información es un derecho inalienable del ser humano, consagrada en nuestra Constitución Política, y aun cuando exige responsabilidades en su uso, medidas de esta naturaleza en contra de uno de los principales medios escritos del país pone en riesgo la capacidad de producir los diferentes medios de comunicación que edita Corprensa y podría limitar las fuentes de información de los panameños”, destacó esa entidad en un comunicado.
Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cciap, señaló que “entendemos la potestad que le otorga la ley al demandante a defender su honor y su honra, sin embargo una acción de este tipo en los tiempos que vivimos no sólo es un duro golpe al derecho a la información de los ciudadanos, sino que pone en riesgo el sustento de los más de 240 colaboradores de Corprensa”.
Hace ocho años Pérez Balladares presentó una demanda civil contra la empresa que edita los diarios La Prensa y Mi Diario, basado en supuestos daños y perjuicios por publicaciones del año 2011 sobre sobre una posible investigación penal contra el ex gobernante por presunto blanqueo de capitales.
El pasado 22 de junio, la jueza civil Lina Castro decretó el secuestro de acciones y cuentas bancarias hasta por el monto de 1,13 millones de dólares, de lo cual Corprensa fue notificado este fin de semana.
El presidente de la Cciap además cuestionó que desde la presentación de la demanda a la fecha no se haya podido dirimir este proceso. “Sirve la oportunidad para nuevamente llamar la atención al sistema de administración de justicia que, no ha logrado resolver este caso civil en ocho años, confirmando las necesidades de reformas profundas en este Órgano del Estado”, señala en una nota.
Diego Quijano, presidente de la Corporación La Prensa, recordó a su vez que en 2009 la Fiscalía contra la delincuencia organizada abrió una investigación a Pérez Ballaradares -dirigente del Partido Revolucionario Democrático- porque “la empresa Lucky Games, que obtuvo un contrato de concesión para operar 500 máquinas tragamonedas enviaba dinero sin ninguna justificación a la Shelf Holding, una sociedad familiar del expresidente”.
