Ucrania y Rusia se verán las caras hoy y mañana en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en La Haya por la “manipulación de la noción de genocidio para justificar una agresión”; aunque Kiev pide medidas provisionales para frenar la guerra, esta Corte no procesa individuos y queda en manos de la voluntad de Moscú cumplir su dictamen.
Kiev intenta “darle la vuelta de una forma muy inteligente” a lo que Rusia está haciendo, señala a Efe Marieke de Hoon, experta en derecho internacional. Para legitimar el uso de la fuerza, Moscú acusó al gobierno ucraniano de cometer un presunto genocidio en las regiones de Luhansk y Donetsk, y la interpretación de esto es el centro de la demanda ante el TIJ. Este órgano judicial, fundado en 1945, no procesa individuos por crímenes específicos como los de guerra: su papel es dar un veredicto en casos de disputas entre Estados, pero solo tiene jurisdicción si ambos países lo consienten.
Aunque Moscú no consiente, tanto Rusia como Ucrania firmaron la Convención sobre el Genocidio –el tratado usado por Moscú para legitimar la agresión a Ucrania– incluida una cláusula en la que se comprometen a que, en caso de disputa sobre cómo interpretar esta noción, el TIJ tiene jurisdicción para opinar sobre ello, y un Estado puede unilateralmente llevar el caso ante sus jueces.
La Convención recoge la obligación de sus firmantes a prevenir un genocidio, pero eso no da carta blanca a usar la fuerza contra otro Estado, algo que numerosos líderes coincidieron en denunciar, como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que consideró “la invasión injustificada de Rusia como una grave violación del derecho internacional”.
