Un juez federal en Seattle, John C. Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del electo presidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, argumentando que es “manifiestamente inconstitucional”. La decisión representa el primer gran revés a los planes de Trump para reformar el sistema migratorio desde su regreso al poder.
La Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos establece que toda persona nacida en suelo estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La orden ejecutiva de Trump, firmada poco después de asumir su mandato, intentaba restringir este derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con un estatus legal temporal, como quienes poseen visas de trabajo.
De haberse aplicado, esta medida habría impedido la emisión de pasaportes y el reconocimiento legal de dichos niños como ciudadanos, afectando su acceso a derechos básicos, servicios esenciales y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas y no recuerdo un caso tan claro como este”, declaró Coughenour, quien ocupa su cargo desde 1981 tras ser nominado por el expresidente Ronald Reagan. “Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”, sentenció el magistrado, respaldado por múltiples precedentes legales.
Demanda de 22 estados y polémica
El bloqueo temporal responde a una demanda presentada por 22 estados gobernados por demócratas, que se opusieron a la medida por considerarla una violación directa de los principios fundamentales de la Constitución. En una primera instancia, 18 estados presentaron la demanda, y horas después, otros cuatro se sumaron, solicitando al tribunal que impidiera la aplicación inmediata del decreto.
La orden de Coughenour tendrá una vigencia de 14 días, durante los cuales se espera que la administración de Trump apele la decisión.
Sin embargo, la medida, central en el plan de Trump para endurecer las políticas migratorias, ha despertado una intensa polémica en todo el país. Los críticos aseguran que busca restringir derechos básicos y reavivar tensiones sociales, mientras que los defensores argumentan que pretende proteger los recursos nacionales.
