En caso de un triunfo del demócrata Joe Biden, el presidente estadounidense Donald Trump ya anticipó que irá hasta las últimas consecuencias para comprobar un supuesto fraude en los comicios.
Hasta el mediodía del viernes, Biden se acercaba lentamente a los 270 votos en el Colegio Electoral, el mínimo necesario para llegar a la Casa Blanca. Pero Trump y su campaña prometieron demandas, con denuncias infundadas de fraude electoral. De hecho, el jueves, el mandatario norteamericano ya había pedido la detención del conteo.
Ante la posibilidad de perder por estrecho margen en varias jurisdicciones disputadas, Trump podría verse en la alternativa de pedir a la Corte Suprema que descarte los votos en dos o más estados para impedir que Biden asuma la presidencia.
Es una situación muy distinta que en la disputada elección presidencial de 2000, que fue resuelta efectivamente por la Corte Suprema. En ese caso, el enfrentamiento era en torno a los votos de Florida, con un recuento en oposición a tratar de detener el conteo inicial.
La campaña de Trump y los republicanos ya están presentando demandas en varios estados, aunque la mayoría son de escala menor y afectan pocos votos.
Los jueces en Georgia y Michigan desestimaron rápidamente las demandas de la campaña el jueves, lo que socavó la estrategia de atacar la integridad del proceso de votación en estados donde el resultado podría ser adverso al presidente.
En un discurso el jueves en la sala de conferencias de la Casa Blanca, Donald Trump recitó una letanía de denuncias, sin presentar pruebas, de que los demócratas intentaban privarlo ilegítimamente de un segundo período. “Pero creemos que habrá muchos litigios porque no podemos permitir que roben una elección de esta manera”, dijo Trump. También insinuó que la decisión final podría quedar en manos de la Corte Suprema.
Biden ha dicho que prevé su triunfo, pero aconsejó tener paciencia y expresó que se “debe contar cada voto”.
Un abogado de la campaña de Biden reiteró que las demandas del republicano carecían de mérito y que obedecían a una estrategia más política que legal. “Quiero destacar que para sus fines estas demandas no necesitan tener mérito, eso no es lo que buscan ... lo que buscan es enviar mensajes falsos sobre lo que sucede en el proceso electoral”, aclaró el abogado Bob Bauer. Acusó a la campaña de Trump de “denunciar constantemente irregularidades, fallas del sistema y fraude sin ningún fundamento”.
“Lo que realmente importará serán los desafíos legales a los resultados oficiales (que plantee Trump), que pueden ser tantos que podrían prolongar la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones”, dijo a la agencia de noticias EFE Judith Kelley, decana y profesora de la escuela Sanford de Políticas Públicas de la Universidad de Duke.
Si bien la ley no exige a Trump dar un discurso en el que acepte la derrota, las batallas legales podrían derivarse en una crisis constitucional si llegan a influir “en las decisiones de los gobernadores sobre a quién enviar al colegio electoral”.
“Y si, en última instancia, puede haber decisiones contradictorias a nivel estatal entre gobernadores y legisladores estatales sobre qué resultados enviar al Congreso”, agregó.
Con la votación final en disputa, los estados con gobernadores demócratas, pero legislaturas republicanas, incluidos los territorios claves en el campo de batalla, como Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin, posiblemente podrían terminar enviando dos grupos distintos de los votantes del Colegio Electoral, publicó la revista Marie Claire, citando un estudio realizado por el experto en temas electorales, Edward B. Foley.
Esos estados tendrían dos conjuntos de votos electorales en competencia y, como presidente del Senado, el vicepresidente republicano Mike Pence tendría la tarea de desentrañar la situación. Pence podría optar por descartar ambos conjuntos de votos de esos estados, lo que significa que ninguno de los candidatos podría alcanzar los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la presidencia. En ese caso, los miembros del Congreso votarían para decidir el presidente y vicepresidente.
La Cámara de Representantes votaría por el presidente, con la delegación de cada estado obteniendo un voto compartido, y se necesitaba una mayoría simple de 26 votos para elegir. En el Senado, cada senador obtiene un voto, con una mayoría simple de 51 votos necesarios para elegir. Si alguno de esos cuerpos no logra alcanzar la mayoría, la trama se complica aún más.
Si el Senado elige un vicepresidente pero la Cámara de Representantes no elige a un presidente, el vicepresidente electo actúa como presidente hasta que se resuelva el estancamiento.
Y si ninguno de los cuerpos puede llegar a una conclusión antes del día de la toma de posesión, entonces comienza la línea de sucesión presidencial, y la presidenta de la Cámara de Representantes, actualmente Nancy Pelosi, se desempeñará como presidenta hasta que se desate el nudo.
Las autoridades estatales tienen hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier controversia que pueda surgir sobre la elección de sus representantes del Colegio Electoral. El 14 de diciembre sus miembros se reúnen en sus estados y votan formalmente al presidente, una votación que ha de avalar el nuevo Congreso el 6 de enero de 2021.
