Trudeau ha explicado que esta medida será “limitada en el tiempo”, su uso será “responsable y proporcionado” y ha asegurado que no se recurrirá al Ejército. Con esta declaración, la Policía tendrá “más herramientas” para detener o multar a los manifestantes y proteger además infraestructuras clave para el país. “El alcance de estas medidas será limitado en el tiempo, geográficamente específico y proporcional a las amenazas que pretenden abordar. Se utilizará para fortalecer y apoyar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en todos los niveles, donde sea necesario en todo el país”, ha matizado Trudeau en su perfil oficial de Twitter.
El gobierno considera que “los bloqueos están dañando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública”, por lo que “no podemos y no permitiremos que continúen las actividades ilegales y peligrosas”. La máxima autoridad de ese país aseguró que las medidas “serán razonables” y “geográficamente específicas y dirigidas sólo a donde se necesitan” por un plazo de “tiempo limitado”. Sin embargo, la medida no limitará la libertad de expresión ni la capacidad de manifestarse legalmente en el país.
El anuncio se da después de una reunión entre Trudeau y los jefes de Gobierno de todas las provincias del país. En ella, los primeros ministros provinciales de Alberta, Quebec, Manitoba y Saskatchewan, dijeron que estaban en contra de poner en vigor esta ley, ya que les parecía “innecesaria”.
El primer ministro de Quebec, François Legault, se ha mostrado contrario a la aplicación de esta ley, ya que según él “podría echar más leña al fuego”: “Hasta ahora no tenemos ningún problema en Quebec”, ha remarcado, agregando que, si bien en Ottawa la ley podía ser útil, “no ayudará al clima social”. Por su parte, la ‘premier’ de la provincia de Manitoba, Heather Stefanson, ha resaltado, en la misma línea que Legault, que esta ley podría tener “efectos radicales” y consecuencias negativas imprevistas y extralimitadas. “Las acciones ilícitas no se pueden tolerar, pero la situación en cada provincia y territorio es muy diferente y no se puede abordar. con una sola medida”, ha dicho Stefanson.
El Parlamento canadiense tiene un plazo de siete días para aprobar o revocar el uso de las medidas de emergencia, que permite que el gobierno federal anule las provincias y autorice medidas temporales especiales para garantizar la seguridad durante emergencias nacionales. Por otra parte, y luego de casi 20 días de protestas, el “Freedom Convoy” no ha registrado ningún incidente a pesar de la creciente participación de ciudadanos canadienses.
