Un controvertido caso en Sevilla, España, ha generado un intenso debate sobre la interpretación y aplicación de la ley. Un hombre condenado a 15 años de prisión por agresiones a su pareja ha logrado eludir la cárcel tras cambiar su sexo en el Registro Civil y ser reconocido legalmente como mujer. Este cambio ha llevado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla a declararse incompetente para continuar con el caso.
El abogado José Antonio Sires, quien representa a la víctima, ha denunciado públicamente lo que considera un “fraude de ley”. Según Sires, el cambio de sexo del condenado es una maniobra deliberada para evitar ser juzgado por un tribunal especializado en violencia de género. “Lo que estamos viendo es un uso distorsionado de la ley para evadir responsabilidades por actos de violencia machista”, declaró el letrado.
La víctima, que estuvo en una relación marcada por el maltrato físico y psicológico durante más de una década, había denunciado a su agresor en repetidas ocasiones, lo que llevó a la emisión de varias órdenes de protección. En 2019, el agresor fue sentenciado a 15 meses de prisión por violar una de estas órdenes y amenazar a la víctima. Sin embargo, en lugar de cumplir su condena, el condenado aprovechó la ley de reconocimiento de identidad de género para cambiar su sexo legal y posteriormente solicitar ser juzgado por un tribunal ordinario.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se inhibió del caso, argumentando que, tras el cambio de sexo, no tenía la competencia objetiva para seguir adelante con el juicio. Esta decisión ha provocado indignación y ha puesto en el centro de la controversia la ley de igualdad real y efectiva de las personas trans, que permite la rectificación registral de sexo sin necesidad de intervenciones médicas.
El abogado de la acusación subraya que, según el artículo 46.3 de la ley, la modificación registral no debería alterar el régimen jurídico previo, especialmente en casos de violencia de género. “La ley establece claramente que las responsabilidades legales previas no desaparecen con el cambio de sexo”, afirmó Sires, añadiendo que el cambio registral del acusado se realizó “sin la exigencia de buena fe y en un claro fraude de ley”.
El caso ha reavivado el debate sobre las posibles lagunas legales en la protección de las víctimas de violencia de género y la necesidad de asegurar que las nuevas normativas no sean utilizadas para eludir la justicia. Mientras tanto, la defensa del condenado ha solicitado un indulto, lo que añade una nueva capa de complejidad al ya polémico proceso judicial.
