La Justicia de Perú ha aprobado este sábado la apertura de un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori, así como contra varios de sus ministros de Salud, por el caso de las esterilizaciones forzadas durante la década de los años ‘90.
Así, junto al exmandatario se ha resuelto “abrir proceso penal” contra los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aurelio Aguinaga, así como contra Ulises Jorge Aguilar, por “la presunta comisión del delito contra la vida, cuerpo y salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de Derechos Humanos”, según ha considerado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Penal de Perú, Rafael Martínez.
En este punto, el juez ha nombrado a las más de 1.300 mujeres a las que, bajo el gobierno de Fujimori, se les practicó operaciones de ligadura de trompas en contra de su voluntad, tal y como detalla el diario ‘La República’.
En anteriores audiencias, el magistrado consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados y reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, entre ellas la de Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.
Según la denuncia fiscal, Fujimori sería el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad. El exmandatario, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.
Por su parte, la representante del Ministerio Público, la fiscal Carmen Rosa Crisostomo, ha anunciado que se iniciarán los trámites correspondientes para la solicitud a la Justicia chilena de ampliación de extradición del expresidente.
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
