La Junta Nacional de Justicia de Perú suspendió la noche de este miércoles por seis meses a la fiscal general, Patricia Benavides, quien es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos.
La suspensión de Benavides busca que un procedimiento disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal se desarrolle de forma normal e “impedir su obstaculización”, agregó el comunicado. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció hace una semana contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general.
Benavides presentó ante el Congreso el 27 de noviembre, una denuncia donde acusa a Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder hace un año.
La denuncia contra Boluarte se activó luego que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.
Por otra parte, en la misma jornada el expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido puesto en libertad tras la orden de liberación emitida por el Tribunal Constitucional del país. Así, el exmandatario ha salido de la cárcel de Barbadillo a las 18.30 horas (local) y a pesar de que un día antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido aplazar la excarcelación hasta estudiar al detalle el fallo del Constitucional, que aparentemente ponía fin a años de litigios judiciales.
Tras su excarcelación, ha sido trasladado a la vivienda de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori, que en principio será su residencia permanente. “El momento que tanto esperamos por más de 16 años ha llegado. ¡Gracias a Dios!”, ha celebrado Keiko Fujimori en redes sociales, junto a una imagen de la familia.
Decenas de simpatizantes del expresidente peruano se habían concentrado en los exteriores de la cárcel a la espera de que Fujimori saliese de prisión, un objetivo perseguido por él y su equipo de abogados desde hace años, pero que la Justicia ha impedido en varias ocasiones. Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Además, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del expresidente alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional ha acabado dando ‘luz verde’ a su excarcelación.
