La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió a trámite la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo por supuestamente liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero.
De esta manera, la denuncia ha entrado en una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final, si este procede pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde para prosperar requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.
A favor de aceptar a trámite la denuncia por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, votaron trece congresistas, ocho lo hicieron en contra y no hubo abstenciones. Apoyaron a Pedro Castillo sus aliados en el Congreso: Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Juntos por el Perú, mientras que votaron a favor de que la denuncia avance su recorrido miembros de partidos como el fujimorista Fuerza Popular, el centrista Acción Popular, los ultraconservadores de Renovación Popular o los centroderechistas de Avanza País.
A ojos de Pedro Castillo, la denuncia forja el inicio de una “nueva modalidad de golpe de Estado” y el Ejecutivo peruano defiende que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes. Pero, en el otro lado, está el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que defiende la fiscal Benavides.
Con esta aprobación a trámite, la denuncia ha avanzado en un extenso periplo que incluye varias etapas en la cámara peruana y que, según los expertos, podría demorar unos tres meses entre idas y venidas en la subcomisión y la Comisión Permanente hasta llegar al pleno, en caso de proceder.
El recorrido legal no acabará en esta instancia, ya que si el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
