La muerte de dos niñas de 11 años en el ataque de tropas regulares de Paraguay a un campamento de la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), anteayer, puso en tela de juicio al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien hoy culpó al grupo irregular de esas muertes, mientras la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) habló de “crimen de estado”.
Las dos nenas de 11 años serían nacidas en la Argentina, según el testimonio de Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, líder del EPP, y serían hijas de Magna Meza y Liliana Villalba, respectivamente, y ambas de Osvaldo Villalba, todos ellos líderes del grupo insurgente, y “fueron criadas como hermanas en la Argentina, con su abuela en Misiones, Argentina”.
“Son nenas bien educadas, buenas estudiantes, jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla, no saben andar en el monte; nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres, ellas vivían en Argentina con su abuela”, dijo Oviedo al diario argentino El Territorio, citado por el medio paraguayo Ultima Hora.
El general Héctor Grau, asesor del Comando en Jefe paraguayo, explicó que los documentos argentinos que se publicaron hoy en la prensa paraguaya, con identidades y copias de los DNI, son falsos y aseguró que las menores fueron registradas de forma irregular en la Argentina.
“Lógicamente que Magna Meza y Osvaldo Villalba están en la clandestinidad, ellas –las fallecidas– nacieron así y lógicamente migraron con los tíos y familiares, donde obtuvieron documentos que tienen origen en la falsedad de datos, fueron inscritas de forma irregular en la República Argentina”, aseguró Grau en contacto con la radio Monumental 1080 AM.
La Cancillería argentina dijo, ante una consulta de Télam, que se resolvió la intervención consular para determinar si es cierto el dato de nacionalidad de las niñas y luego decidirá el curso de acción.
Por lo pronto, las declaraciones del general Grau, que definió a la Argentina como una “guardería” del EPP en su esquema de reclutamiento de menores, generaron una tensión diplomática.
El embajador argentino, Domingo Peppo, reaccionó con sorpresa a las declaraciones del jefe castrense paraguayo y desmintió categóricamente sus afirmaciones, adelantando que ya informó del tema a la Cancillería argentina en Buenos Aires y aguardaba instrucciones al respecto.
“Estoy sorprendido, sí, y desmiento que esto sea cierto; el Estado argentino no es cómplice, ni alienta el accionar de grupos criminales”, dijo el diplomático.
Ambos países “tenemos una lucha conjunta contra el crimen organizado, contra el terrorismo; tenemos una agenda y un compromiso de trabajo que estamos llevando a cabo”, destacó Peppo.
En este marco, el gobierno de Paraguay aseguró que el operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) contra un campamento del EPP ubicado en Yby Yaú, en el norte del país, fue un “éxito”, a la vez que responsabilizó a la organización insurgente por la muerte de las infantes, que fueron expuestas “de manera cobarde”.
El miércoles se registró un enfrentamiento entre las Fuerzas de Tarea Conjunta y el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y fueron abatidas dos niñas y un número no determinado de miembros de ese grupo.
“Yo tengo hijos adolescentes, niños, y ver que fruto de la violencia, las víctimas son niños expuestos de manera cobarde e irresponsable es un dolor que como ser humano y como padre uno siente en el corazón, es doloroso; ya tuve muchos días difíciles”, expresó el mandatario al visitar el campamento del EPP.
El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) se pronunció al respecto hoy y emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que “lamenta profundamente el desenlace fatal” que se produjo en el enfrentamiento y “condena y repudia enérgicamente el reclutamiento forzoso y la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales armados”.
En cambio, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresó hoy en un comunicado su preocupación por la situación y calificó que el enfrentamiento entre la FTC y el EPP, ocurrido en Yby Yaú, Concepción, presenta características inquietantes de un crimen de Estado
“Además de lo criminal del operativo, resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes de que sean identificados y entregados a sus familiares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”, refiere el comunicado.
Para la Codehupy, el acento triunfalista del Gobierno en relación con lo ocurrido está más cerca de ser caracterizado como terrorismo de Estado, que como un logro en materia de seguridad. “Es de por sí incompatible con todo principio de derechos humanos”, agrega la organización, que exige esclarecer el hecho y abrir nuevamente el debate sobre la modificación de Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, al igual que el decreto respectivo que instituye a las Fuerzas de Tarea Conjunta.
