El gobierno venezolano de Nicolás Maduro intensificó las tensiones diplomáticas tras anular la autorización a Brasil para custodiar la embajada argentina en Caracas. La decisión generó preocupación por la seguridad de los seis dirigentes opositores que permanecen refugiados en la sede diplomática.
En la noche del viernes, las fuerzas de seguridad venezolanas rodearon la embajada argentina, junto a las patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del DAET. Según informó Noticias Argentinas, las autoridades nacionales temen que las fuerzas chavistas puedan ingresar y detener a los que se encuentran dentro.
Cabe remarcar que los dirigentes opositores refugiados han estado bajo custodia brasileña desde que los diplomáticos argentinos abandonaron Venezuela en agosto, por órdenes del gobierno de Maduro.
Pedro Urruchutu, uno de los aislados y coordinador internacional del partido Vente Venezuela, denunció en la red social X que la sede diplomática está siendo “asediada” por funcionarios armados. Además, la residencia sufrió un corte de suministro eléctrico, lo que incrementa el temor sobre posibles represivas.
Desde que Argentina se retiró de la embajada, Brasil había tomado el control de la seguridad del edificio y de los refugiados, todos ellos vinculados a María Corina Machado, líder de la oposición.
Entre los refugiados, además de Urruchurtu, se encuentran Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.
Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía de la dictadura los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.
El asedio a la embajada ocurre poco después de que la Cancillería de Argentina instara a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir una orden de detención contra Maduro y “otros cabecillas del régimen”, tras los comicios presidenciales del 28 de julio.
