Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, aseguró en una entrevista publicada por el diario The Wall Street Journal (WSJ) que renunciará a la cláusula que daba al Parlamento el poder de vetar al Supremo en la reforma judicial que lleva adelante.
“Está descartado”, dijo el mandatario al diario estadounidense, haciendo referencia a la llamada “cláusula de anulación”, en la que la Knéset (Parlamento) tenía el poder de anular las decisiones de la Suprema Corte con una mayoría simple. Anteriormente, Netanyahu ya había comentado que no apoyaría una cláusula de anulación sin límites.
Según los críticos de la reforma judicial -que también busca modificar la composición del comité que elige a los jueces del país-, la misma disminuiría la democracia al otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, socavaría los derechos individuales y traería graves consecuencias para la economía israelí.
Por su parte, el primer ministro aseguró estar “atento al pulso público”, explicando que con su nueva versión de la ley espera encontrar un término medio para que cualquier reforma “se mantenga durante una generación”. Sin embargo, esta reforma impulsada desde enero por Netanyahu y su coalición de gobierno, el más conservador de la historia de Israel, ha polarizado al país.
La “cláusula de anulación” fue una de las principales demandas de los socios ultraortodoxos de Netanyahu, reacios a ciertas posturas del Supremo sobre temas relacionados con su comunidad, como la exención del servicio militar. Pero ahora, debido a la fuerte presión que sufrió el gobierno desde el lanzamiento de la propuesta, la decisión de moderar la reforma pareciera reencauzar su aprobación, que es el primer paso para una gran transformación en la estructura del poder político en Israel.
Sobre el comité de elección de jueces, Netanyahu dijo al WSJ que también buscará un compromiso entre el sistema actual y la versión original de su reforma, que daba al gobierno control casi total sobre esas nominaciones, incluidas las del Supremo, sin dar cabida a ningún legislador de la oposición, como sucede hasta ahora.
La coalición también busca aprobar una limitación del alcance del concepto de “razonabilidad”, mediante el cual el Tribunal Supremo puede someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental por considerarla “irrazonable”.
