La marea verde mexicana consiguió una nueva conquista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha despenalizado el aborto a nivel federal en todo el país. Esta decisión unánime del máximo tribunal obliga a las instituciones de salud pública federales a ofrecer el servicio de forma gratuita.
Según indica la resolución de la Corte, lo cual fue informado por el portal de noticias El País, en ningún caso el personal médico podrá ser criminalizado. Esta decisión es un escalón más hacia la libertad de interrumpir el embarazo, después del precedente histórico de 2021.
Cabe destacar que hace justo dos años que la Suprema Corte apuntaló el curso de la lucha feminista. El tribunal dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, por lo que obligaba a los jueces a desechar el caso penal cuando llegaba a sus manos. Además, la SCJN ordenó al Estado de Coahuila, donde se había presentado la acción de inconstitucionalidad, a cambiar su código penal.
Este paso debía ser el primero para que el resto de entidades de México retirara de sus legislaciones las penas por interrumpir el embarazo, puesto que el máximo tribunal de México impide sancionarlo. Sin embargo, el avance fue muy irregular desde entonces y solo 11 Estados, de los 32, habían modificado sus legislaciones.
Desde el movimiento “Gire”, un giro al código penal
Durante la jornada de hoy, gracias a un amparo de la organización feminista Gire, la Primera Sala de la Corte resolvió: “Es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
La decisión de la Corte no solo busca evitar criminalizar el aborto, sino también que las instituciones federales de salud presten el servicio. La medida era una de las principales batallas de las organizaciones de derechos de las mujeres.
Esto implica modificar el Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, que está contemplado en el artículo 329, como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, y que contempla una pena de uno a tres años para los que “hagan abortar a una mujer”, aunque lo hagan con su consentimiento. También incluía inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que lo practicaran.
Al respecto, Isabel Fulda, subdirectora de Gire, le manifestó a El País: “Este es el mayor avance que hemos conseguido en esta lucha”. La mujer destacó que suprimir el delito de aborto del código federal “envía un mensaje” y “quita el estigma”, pero también era clave porque era el argumento bajo el que no se estaban practicando las interrupciones del embarazo en los centros médicos públicos.
Y agregó: “Que estuviera en el código penal federal se usaba como razón para negar el acceso en estas instituciones, el personal de salud se negaba a practicar abortos porque está criminalizado”. “Ahora se abre la puerta a estos servicios en las instituciones federales que son las que atiende a la mayor parte del país, alrededor del 70% de la población tiene IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar”, explicó la activista.
En ese marco, hace dos años que se impulsó a través de varias agrupaciones la batalla contra la criminalización, para que no haya en las cárceles mujeres por abortar. Ahora se está fraguando el verdadero acceso al aborto. La lucha, sin embargo, no ha terminado. En México se permite un acceso parcial al aborto, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo.
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