La Cámara de Diputados de México aprobó en los primeros minutos de este jueves el dictamen que mantendrá hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de ocho horas de discusión, la mayoría parlamentaria del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y el del Trabajo (PT), junto con los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobó el proyecto con las modificaciones enviadas por el Senado mexicano, la semana pasada. Ahora, la reforma constitucional será turnada a los congresos de los 32 estados del país, con el objetivo de que al menos la mitad más uno, la ratifiquen y así pueda entrar en vigor.
Con la aprobación se modifica el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.
El pasado 4 de octubre, el Senado añadió la obligación de que se presente al Congreso mexicano un informe semestral sobre los resultados de las acciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Además de la creación de una comisión bicameral que vigile de la Guardia Nacional y la posibilidad de llamar a comparecer a los titulares de la Secretarías de Seguridad Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Previamente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México había aprobado, sin cambios, con 28 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones. Las aprobaciones se dan en una etapa en la que crece la controversia en el país por las políticas de militarización de López Obrador, además de la gran influencia de grupos internacionalistas que organizan la mayoría de las movilizaciones en contra del presidente, sobre todo vía redes sociales.
Este miércoles, la organización Amnistía Internacional (AI) y decenas de organizaciones enviaron una carta al Gobierno de México para expresar su preocupación por el despliegue militar en territorio mexicano, que se profundiza con la reforma para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028. AI y las otras agrupaciones señalaron que esta reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos.
La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.
