La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, rechazaron este lunes 6 de diciembre la sentencia a cuatro años de prisión contra la depuesta líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y pidieron su liberación a través de comunicados separados. “La condena de la consejera de Estado (Suu Kyi) tras un juicio falso en procedimientos secretos ante un tribunal controlado militarmente no es más que (un juicio) con motivaciones políticas”, dijo Bachelet en una declaración emitida por su oficina en Ginebra.
“No se trata solo de una negación arbitraria de su libertad, sino que cierra una puerta más al diálogo político”, agregó. Este lunes, un tribunal militar de la capital, Naipyidó, condenó a Suu Kyi a cuatro años de prisión por los cargos de violar las restricciones contra el coronavirus y por incitación. “El Ejército está intentando instrumentalizar los tribunales para eliminar toda oposición política”, aseguró Bachelet. “Pero estos casos no pueden brindar una apariencia legal a la ilegitimidad del golpe de Estado y el Gobierno militar”, agregó la funcionaria de la ONU, quien pidió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente.
Bachelet señaló que el veredicto contra Aung San Suu Kyi “solo profundizará el rechazo hacia el golpe de Estado”. “Hará que las posiciones se endurezcan cuando lo que se necesita es el diálogo y una solución política y pacífica para esta crisis”, añadió. Suu Kyi, de 76 años, aún enfrenta cargos de corrupción y fraude electoral. Por su parte, Borrell señaló en un comunicado emitido en nombre del bloque que “la Unión Europea condena enérgicamente este veredicto con motivos políticos, que constituye otro gran revés para la democracia en Myanmar desde el golpe militar” de febrero. Según Borrell, la sentencia contra Suu Kyi, contra el expresidente del país, Win Myint, y contra el exalcalde de la capital, U Myo Aung, representa “otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una nueva violación descarada de los derechos humanos en Myanmar”. Myint también fue condenado a cuatro años de prisión por el tribunal.
Al reiterar sus llamados previos, Borrell pidió a la junta militar que libere incondicional e inmediatamente a todos los presos políticos y detenidos desde el golpe de Estado. Agregó que desde la toma del poder por el Ejército, el pueblo de Myanmar ha “rechazado abrumadoramente el golpe militar y demostrado su deseo inquebrantable de una nación con un Estado de derecho, derechos humanos y procesos democráticos”, pero los militares continúan ignorando esto. El funcionario de la UE reiteró su apoyo pleno a los enviados especiales de la ONU y a la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que buscan un diálogo político inclusivo en Myanmar.
El Ejército de Myanmar derrocó a Myint y a Suu Kyi el 1 de febrero. Ambos líderes fueron detenidos junto con otros miembros de alto rango del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), bajo el argumento de un “fraude electoral” en las elecciones generales de noviembre de 2020. El golpe de Estado de los militares ha dado lugar a meses de protestas y a un movimiento de desobediencia civil masivo, que ha sido repelido con brutalidad por los militares.
Más de 1.300 personas han muerto y cerca de 8.000 han resultado heridas, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos. El general Min Aung Hlaing se nombró a sí mismo primer ministro, prometió elecciones multipartidistas y extendió el estado de emergencia hasta agosto de 2023, en lugar del plazo inicial de un año. Los argumentos de los militares para cometer el golpe fueron rechazados por carecer de fundamento por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
