La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que tiene “motivos razonables” para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de protestas tras los comicios.
En un informe de 158 páginas, que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, la misión acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales de participar en asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad, según el documento, estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas y tratos crueles y degradantes. Los principales responsables señalados son los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
El informe también denuncia que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”. Además, señala a otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió medidas básicas de transparencia e integridad”, y a la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”.
El sistema de justicia venezolano fue acusado de operar con una “falta de independencia”, perpetuando un contexto de impunidad. El informe también destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” durante el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y activistas sociales, sino también a ciudadanos comunes que manifestaron su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones.
Durante los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones denunciadas por el Gobierno, muchas de ellas como parte de la llamada operación Brazalete Blanco. Además, en la campaña electoral se registraron 121 detenciones adicionales por colaborar con actividades de la oposición.
Según la misión liderada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, acompañada por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, la represión aumentó significativamente tras los resultados electorales, cuando las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes, comparables solo con las protestas de 2014, 2017 y 2019.
Este informe es el último de una serie de documentos presentados por la misión de la ONU, que desde su creación en 2019 señaló al Estado venezolano por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, reforzando las preocupaciones internacionales sobre la situación en el país.
