El grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a Perú convocar a un diálogo e iniciar una tregua política para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa la nación. La misión, que visitó el país suramericano la semana pasada, presentó su informe preliminar ante el Consejo Permanente de la OEA, en el que dio una serie de recomendaciones y un análisis sobre la situación actual en Perú.
El documento, que fue leído por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga en el Consejo Permanente, insta a los liderazgos políticos del país a convocar un diálogo formal entre “la Presidencia, el Legislativo, las altas cortes” y otras partes implicadas. Este diálogo, recomendó el informe, debe ser independiente y podría ser apoyado por una organización internacional si “así lo consideran” las partes. Mientras se convoca, el informe de la OEA aconseja llamar a una tregua política de 100 días para que el presidente peruano, Pedro Castillo, y su equipo político puedan llevar adelante su plan de gobierno.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, estimó que las recomendaciones del informe deben ser abordadas en un Consejo Permanente en los próximos días y sugirió a los estados miembros proponer una resolución. Almagro destacó que el informe preliminar contiene “elementos de preocupación”, como referencias a que la “democracia en Perú está en cuidados intensivos” y que existe un “acoso permanente y confrontación entre los poderes” del Estado.
La Misión Especial de la OEA, que estuvo integrada por cancilleres de varios países y sostuvo casi 30 reuniones durante su visita a Perú, también solicitó al Tribunal Constitucional del país pronunciarse cuando “se presente un impasse entre los poderes”.
El informe preliminar asegura que la institucionalidad democrática en Perú está en riesgo debido a la inestabilidad, un ambiente altamente polarizado, acoso permanente y confrontación entre poderes o el uso excesivo de herramientas de control político, entre otros factores. “Entre los poderes del Estado existen acusaciones y señalamiento de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos”, dice el documento.
Esta confrontación permanente es la culpable de que exista una “pérdida de credibilidad” por parte de la ciudadanía en los poderes del Estado. La gente ve al Estado como “actores que no están pensando en el bien común de la población”, señala el informe.
La misión especial añade la existencia de racismo en el país, asegurando que la presidencia de Castillo “puso de manifiesto” este problema, y pidió a los actores políticos y de la sociedad civil respetar los derechos humanos.
