La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó hoy la detención domiciliaria preventiva del senador y expresidente Álvaro Uribe por los delitos de “fraude procesal” y “soborno”, en la primera vez en la historia del país en que una medida de este tipo es impuesta a un exmandatario.
La noticia, publicada originalmente por la emisora local W Radio, fue confirmada por el mismo Uribe en su cuenta de Twitter: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, dijo.
Uno de los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema -único órgano competente en Colombia para investigar a parlamentarios- llamó al exgobernante para notificarle del arresto domiciliario, según el diario El Espectador.
La decisión del tribunal es un medida cautelar a la espera del juicio que deberá enfrentar el legislador por la investigación, iniciada en 2018, por su supuesto intento de manipulación del procesado Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que lo vinculó con la creación del bloque Metro de las Autodefensas -el más grande del país-, que operó en el departamento Antioquia, del que Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997.
Poco después de conocerse la noticia de la orden de detención, el presidente Iván Duque defendió al exmandatario, al que calificó de “honorable”.
“Yo creo que es una persona que en todo su comportamiento está la palabra honorabilidad, y uno sabe que en la política hay personajes que generan amores, desamores, críticas, que generan además sentimientos inclusive muy agresivos de sus detractores, pero yo creo que siendo objetivos, todos reconocemos lo que Colombia en el año 2002 y la Colombia que nosotros vimos en el año 2010, independientemente de cualquier consideración”, dijo Duque, delfín político de Uribe, a la radio Caracol.
En cambio, la noticia fue celebrada por la oposición, entre ella por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), integrado por miembros de la antigua organización guerrillera que firmó la paz con el Gobierno anterior de Juan Manuel Santos en 2016.
“Los tiranos quieren convencernos de que son intocables, que pueden hacer lo que quieran contra la gente y que nada les pasará nunca, pero la verdad es que por más intocables que se crean al final los pueblos triunfan sobre ellos”, tuiteó el nuevo partido, que en los últimos años denunció a Duque y a su aliado Uribe por intentar debilitar y hacer fracasar el acuerdo de paz.
El expresidente (2002-10) y senador del oficialista Centro Democrático aportó su versión de los hechos en octubre pasado, en una indagatoria que paralizó entonces las actividades en el Palacio de Justicia y generó un sismo político con manifestaciones a favor y en contra de Uribe.
El caso por el que es investigado se remonta a 2012, cuando en un debate parlamentario el senador del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda lo vinculó con el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia y el auge del narcotráfico en el país.
Ante esas acusaciones, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por el presunto uso de falsos testigos y lo inculpó de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos para que declararan en su contra.
Sin embargo, el entonces magistrado auxiliar de la Sala Penal de Colombia, José Luis Barceló, decidió archivar en febrero de 2018 la denuncia y consideró que había elementos para abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.
La estrategia de Uribe se convirtió, entonces, en un bumerán y ahora deber responder a un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, un caso sin precedentes en Colombia.
Por estos hechos, el alto tribunal investiga además al legislador Álvaro Prada, también del Centro Democrático, y al abogado Diego Cadena -apoderado judicial del exmandatario- por presuntamente intentar manipular a quienes testificaron contra Uribe a través de terceros.
Cadena es una pieza clave de la investigación judicial, según la cual contactó “en diferentes cárceles -y por fuera de ellas- a exmiembros de grupos paramilitares para que -a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero-, elaboraran escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago”, este último en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares.
De acuerdo a la Corte Suprema, el letrado, con conocimiento del expresidente, visitó al menos tres veces a Monsalve en prisión para conseguir que firmara una carta en la que se disculpara con el expresidente a cambio de ayudarlo con una revisión en su proceso.
Si bien el abogado aseguró que nada de esto se realizó y que todo fue iniciativa de él mismo, la Fiscalía creyó lo contrario y, por ello, le imputó cargos el pasado 27 de julio.
Uribe, por su parte, afirmó desconocer estos hechos y se despegó de la actuación de su abogado.
“Me vine a enterar en las últimas semanas, 10 meses después de una declaración del testigo (y exparamilitar) Carlos Enrique Vélez, que le había dado dos millones por razones humanitarias; fue a decírmelo a mi oficina y le dije: “hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera, terminantemente no””, afirmó en una rueda de prensa tras su indagatoria.
