La Iglesia católica de España informó este jueves que ha recopilado el testimonio de más de 900 personas que fueron víctimas de abusos sexuales dentro de la institución cuando eran menores. “Estamos hablando de 927 víctimas que han presentado testimonio”, explicó en la presentación del informe publicado el sacerdote José Gabriel Vera Beorlegui, director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Aun cuando esta cifra se muestra alarmante, todavía está alejada de las 1.957 víctimas que registró el diario español El País desde que comenzó su investigación en 2018 y creó una base de datos. Fue este mismo medio quien dio a conocer el 30 de abril los casos de abusos a menores perpetrados por jesuitas españoles en Bolivia, lo que provocó un escándalo en este país. Hasta marzo de 2022, la Iglesia española había tomado testimonio a 506 personas, según comunicó entonces.
Estas 927 víctimas acusaron a 728 miembros de la Iglesia, de ellos “la mayoría son clérigos, son sacerdotes” ordenados, precisó Vera Beorlegui, sobre un informe llamado “Para dar luz”, que fue descrito como el primero que realiza la Iglesia española que trasciende públicamente, detalló AFP.
Los casos más antiguos datan de 1940, en tanto que la década en la que se recogieron más hechos fue en la de 1970, con 172. “Son los dos primeros casos que hay, personas muy mayores que han venido a contar un relato de abusos cometidos contra ellos”, narró Vera Beorlegui.
El 63% de los agresores ya fallecieron. Además, más del 99% de los abusadores eran varones, y entre las víctimas también predominaban los chicos, en un 82,62% de los casos, mientras que las niñas representaban el 17,38%., precisó el portavoz.
El informe se llama “Para dar luz” porque, según explicó el presidente de la CEE, Francisco César García Magán, “quiere que sea una declaración de intenciones y una hoja de ruta”.
En España se están llevando adelante dos grandes investigaciones respectos a los abusos en la Iglesia católica, aunque todavía no hay ninguna que haya concluido, como sí ha sucedido en otros países como Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia o Irlanda. Las dos realizadas en España están siendo realizadas por el Defensor del Pueblo español, comisionado por el Parlamento y también por la misma Iglesia, que encargó la suya un bufete de abogados independiente.