La obra en cuestión, que está destinada a transportar un petróleo pesado llamado betún, duplica la capacidad de la original, para llegar a 760.000 barriles diarios, y traza una nueva ruta a través de humedales prístinos. Un informe del grupo de acción climática MN350 sostiene que el oleoducto ampliado será fuente de una contaminación equivalente a los gases de efecto invernadero de 50 centrales termoeléctricas accionadas con carbón.
Para dar respuesta a los reclamos de los grupos ambientalistas involucrados, la canadiense Enbridge ha costeado la formación, los salarios, las horas extra, las comidas, los hoteles y el equipamiento de los uniformados, durante el tiempo que han estado vigilando a los manifestantes, de acuerdo a varios documentos a los que ha tenido acceso el diario The Guardian, que está realizando una cobertura en el lugar.
Enbridge dijo a The Guardian que un gestor de cuentas independiente asigna los fondos y que es la Policía la que decide cuándo los manifestantes infringen la ley. Así lo reiteró Michael Barnes, un portavoz de la empresa, en un correo electrónico: “Los agentes deciden cuándo los manifestantes están infringiendo la ley, o poniéndose a sí mismos y a otros en peligro”.
