La forma en la que Jeanine Áñez llegó a la presidencia de Bolivia en el 2019 la tiene en prisión preventiva desde hace un año, tiempo en el que tanto su situación jurídica como su salud han enfrentado a sectores opositores, que la ven como “un trofeo del oficialismo”, y al Gobierno, que la señala de estar involucrada en lo que consideran fue un “golpe de Estado”.
El encarcelamiento de la ex mandataria interina ha alimentado la latente polarización en el país cada vez que se tocan los sucesos del 2019, como se ha visto a lo largo de este año cuando cada una de las partes se toma las calles, algunas veces con enfrentamientos, para defender su posición.
En su defensa, Áñez ha aseverado varias veces que lo que le corresponde es un juicio de responsabilidades, pues su llegada al Gobierno fue constitucional y fue refrendada por leyes que fueron aprobadas con la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS).
Las acusaciones contra Áñez se han centrado principalmente en hechos anteriores a que asumiera la presidencia, cuando era segunda vicepresidenta del Senado, por delitos de terrorismo, sedición, conspiración, incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución que conforman los casos “golpe de Estado I y II”. Ribera consideró que el apresamiento de su madre se debe a un “invento” del Gobierno cuando habla de un “golpe de Estado” y que en el fondo en el MAS “no le van a perdonar nunca” que haya ocupado el puesto de Evo Morales, quien renunció a la presidencia del país tras las protestas en su contra.
La situación de Áñez en una cárcel en La Paz ha estado marcada por problemas de salud, hipertensión, crisis nerviosas y cuadros de depresión, con momentos en los que se provocó lesiones o la huelga de hambre que mantuvo por más de dos semanas para exigir su libertad.
