En un esfuerzo por abordar la inseguridad y la delincuencia juvenil, el Consejo de Ministros italiano está considerando penar con prisión a los padres que no cumplan con la escolarización obligatoria de sus hijos. La propuesta también busca prohibir el uso de teléfonos celulares a menores de 14 años que hayan sido condenados.
Según el borrador del decreto-ley, “quien, investido de autoridad o encargado de la tutela de un menor, no imparta o haga impartir la enseñanza obligatoria, sin justa causa, será castigado con pena de prisión de hasta dos años”. Este proyecto de ley es parte de la respuesta del Gobierno italiano a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, incluyendo un caso investigado como violación grupal de dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, así como un ataque sexual a una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia.
Además de la posible pena de prisión para los padres, el decreto también contempla la “prohibición total o parcial del uso de teléfonos móviles o de plataformas y servicios en línea” para menores de 14 años que hayan cometido delitos.
El texto del proyecto de ley, que lleva por nombre “medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil”, destaca la necesidad de planificar intervenciones para abordar situaciones de degradación y vulnerabilidad social en áreas específicas, como el municipio de Caivano, donde ocurrió el ataque a las dos niñas.
El proyecto también se enfoca en reforzar las medidas para garantizar el cumplimiento de la escolarización obligatoria, especialmente en áreas con altas tasas de absentismo escolar. Además, prevé un sistema de amonestaciones para menores de 12 a 14 años y establece que las familias cuyos hijos menores de edad no cumplan con la asistencia escolar obligatoria perderán el derecho a un subsidio de inclusión proporcionado por el Gobierno, que asciende a hasta 350 euros al mes.