El Gobierno británico no convocará elecciones autonómicas anticipadas este diciembre en Irlanda del Norte, como había estaba previsto en un principio, después de que los partidos regionales no llegasen a un acuerdo para restaurar el Gobierno de poder compartido por sus diferencias sobre el protocolo del Brexit.
Así lo anunció el ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, en un comunicado que dieron a conocer este viernes, en el que indica que espera dar pronto a conocer en el Parlamento los próximos pasos relativos a la Asamblea norirlandesa. El ministro estaba obligado a convocar a elecciones en el plazo de las 12 semanas posteriores al 28 de octubre, cuando se agotó el periodo para que los partidos de la provincia británica de Irlanda del Norte formen un nuevo Ejecutivo.
“Ahora puedo confirmar que no habrá elecciones para la Asamblea en diciembre, o antes de la temporada festiva”, dijo el ministro. “La legislación actual me obliga a establecer una fecha para la celebración de elecciones dentro de las 12 semanas posteriores al 28 de octubre y la próxima semana haré una declaración en el Parlamento para exponer mis próximos pasos”, añadió.
La Asamblea autonómica de poder compartido no pudo establecerse por el veto del pro-británico Partido Democrático Unionista (DUP) -segunda formación- a entrar en un Ejecutivo con el nacionalista Sinn Féin, ganador de los comicios del pasado mayo. El DUP abandonó el Ejecutivo de Belfast el pasado febrero y, desde las elecciones de mayo, se ha negado a entrar en un Gobierno liderado por el Sinn Féin hasta que Londres y Bruselas no acuerden una reforma radical del protocolo del Brexit, o hasta que el Ejecutivo británico adopte medidas unilaterales de su agrado.
El protocolo establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para bienes, por lo que las mercancías que cruzan entre la isla de Gran Bretaña y ese territorio británico han de pasar controles aduaneros para así asegurar que la frontera entre las dos Irlandas sigue invisible, tal y como obliga el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto.
Sin embargo, ha levantado una frontera comercial en el mar de Irlanda que también es política para la comunidad unionista protestante, que sostiene que diferencia a la provincia y pone en peligro su relación con el resto del Reino Unido, sobre todo ahora que los nacionalistas quieren avanzar hacia su objetivo histórico de reunificar Irlanda, a lo que la corona británica se ha opuesto históricamente junto a todo su aparato institucional y burocrático.
