La Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata de personas, en el marco de una investigación que también lo vincula con un caso de presunto estupro agravado.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó en una rueda de prensa que se está a la espera de que el sistema judicial fije la fecha para la audiencia de medidas cautelares. Según Gutiérrez, la investigación se inició a partir de un informe presentado por inteligencia.
“Hemos iniciado una investigación ante un informe que nos ha presentado inteligencia (...) Ante cualquier denuncia que se presente, siendo estos delitos de orden público, tenemos nosotros la obligación (como Ministerio Público) de realizar la investigación”, indicó Gutiérrez al recordar que está vigente la orden de aprehensión emitida el pasado 16 de octubre. Además, se solicitó una alerta migratoria para prevenir una posible fuga del país.
El caso se remonta a 2015, cuando Morales aún ocupaba la Presidencia de Bolivia. De confirmarse las acusaciones, el delito de trata de personas podría implicar una pena de 10 a 15 años de prisión, según las leyes bolivianas.
A raíz de estas acusaciones, Morales, figura clave en la política boliviana en las últimas dos décadas y símbolo del movimiento indígena y campesino, enfrenta el riesgo estar impedido para liderar las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (el mayor sindicato cocalero del país) y el ala “evista” del gobernante Movimiento Al Socialismo.
