El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, eligió a Alejandro Mayorkas como jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS). La medida fue destacada como un signo de “renovación” ya que se trata de un funcionario latino.
Mayorkas -que nació en La Habana- será el primer latino en dirigir esta cartera que se encarga entre otros temas de la inmigración. “No tenemos tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y nuestra política exterior”, dijo Biden en un comunicado que fue emitido en inglés y en español.
Biden destacó que los miembros de su gabinete son “experimentados” y que han probado sus cualidades “en situaciones de crisis” y que estarán abocados a la tarea de “reconstruir” las instituciones y renovar y reformular el “liderazgo estadounidense”.
Además, Biden eligió al exjefe de la diplomacia John Kerry como delegado especial para el clima, a Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU; a Avril Haines, como directora de Inteligencia Nacional y a Jake Sullivan, como Asesor de Seguridad Nacional.
Todos los nombramientos apuntan a un equipo de veteranos que formaron parte del gobierno de Barack Obama 2009-2017, en el cual Biden fue vicepresidente y que tienen una larga experiencia en su campo.
Con estos nombramientos el gobierno electo apunta a dejar atrás la política de “Estados Unidos primero” auspiciada por Trump, para adoptar un enfoque más centrado en el multilateralismo.
El nombramiento de Kerry apunta en especial a la promesa de Biden de volver al Acuerdo del Clima de París para luchar contra el calentamiento global.
Kerry dijo en Twitter que Estados Unidos va a tener un gobierno que aborda la “crisis del clima con la urgencia que esta amenaza para la seguridad nacional requiere”.
Pese a que Biden movió ficha con los anuncios de puestos claves para su gobierno, el mandatario saliente sigue empeñado en no reconocer su derrota y tiene bloqueado el proceso de transición, que habitualmente implica acceso a documentos para la nueva administración.
Biden va a jurar el cargo en menos de dos meses, pero hasta ahora sólo una minoría de los republicanos ha denunciado las teorías de la conspiración de Trump, que afirma sin pruebas que los demócratas robaron la elección.
Muchos de los nombramientos que el gobierno demócrata planea deberán pasar por el Senado donde hasta ahora los republicanos tienen una ajustada mayoría, que podrían perder dependiendo del resultado de la elección extraordinaria de los dos cupos para la Cámara Alta en Georgia, el 5 de enero.
Con la esperada certificación de los resultados en Michigan, las esperanzas del mandatario republicano se desvanecen, sobre todo desde que su equipo perdió una batalla legal en curso en Pensilvania, que también se apresta a oficializar sus cómputos.
Este lunes, la Casa Blanca volvió a anunciar que el presidente no tiene eventos públicos en su agenda, una constante en las últimas dos semanas. El mandatario también ha evitado a la prensa, marcando un fuerte contraste con su estrategia comunicacional durante su gobierno.
Si bien los resultados muestran que Biden tuvo una cómoda mayoría, las tácticas de Trump apuntan a perturbar los procesos de certificación de los diferentes estados de cara al voto formal del Colegio Electoral el 14 de diciembre.
A medida que pasan los días aparecen poco a poco grietas entre los republicanos: el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie -que fue un cercano confidente del presidente- marcó distancia y se refirió al equipo legal de Trump como una “vergüenza nacional”.
El senador por Pensilvania Patrick Toomey dijo después de la decisión judicial que Trump había agotado “todas las opciones legales plausibles”.
El último peso pesado en descolgarse y en presionar a Trump para que acepte los resultados fue Stephen Schwarzman, un banquero que dirige el fondo privado Blackstone y que fue muy cercano al mandatario. “El país debería pasar la página”, dijo a Axios el lunes.
