Tras elevar este martes por la noche las penas de prisión para las mujeres que aborten -lo que contradice la reciente tendencia en América Latina de ampliar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo- el Congreso guatemalteco nombró Guatemala como “Capital Provida de Iberoamérica”. Los legisladores del país centroamericano aprobaron también medidas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
“¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, aseguró el mandatario derechista guatemalteco, Alejandro Giammattei, durante su intervención en el evento. En el contexto regional de varios países que ampliaron el acceso al aborto, en otras naciones de la región las tendencias conservadoras se siguen imponiendo con fuerza.
Las mujeres guatemaltecas condenadas por interrumpir su embarazo podrán ahora enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel, cuando previamente, las penas eran de un máximo de tres años. El Congreso impuso penas aún más severas para los médicos y las demás personas que ayuden a las mujeres a interrumpir sus embarazos no deseados. El aborto sólo seguirá legal cuando la vida de la madre esté en peligro. La legislación fue aprobada con 101 votos a favor y ocho en contra, mientras que 51 legisladores no estuvieron presentes.
La nueva legislación guatemalteca prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. La normativa también proscribe la enseñanza a los niños y a los jóvenes sobre la diversidad sexual y la ideología de género, y especifica que no son “normales” otras orientaciones que no sean la heterosexualidad.
