La Fiscalía de la Nación de Perú ha abierto una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas luego del golpe de Estado por el que el ahora expresidente Pedro Castillo fue detenido.
El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Asimismo, contra “Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró el cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
La decisión de la Fiscalía se produjo casi al mismo tiempo que el Congreso de Perú otorgaba el voto de confianza al Consejo de Ministros liderado por el recién nombrado primer ministro, Alberto Otárola, después de que se presentara durante un pleno marcado por las muertes durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Con 73 votos a favor, 42 en contra y seis abstenciones, la cámara legislativa andina mostró su confianza al nuevo gabinete.
Ante el Congreso, Otárola informó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20.00 horas hasta las 4.00 de la mañana. “Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno”, declaró Otárola ante el Pleno del Congreso en referencia a la región que fue foco de violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía el lunes, cuando murieron 17 manifestantes y un policía. En menos de un mes suman ya 47 personas fallecidas.
