Facebook causó indignación en Estados Unidos al colaborar con la Policía en la investigación de un caso de aborto. La medida provocó temores a que la plataforma se convierta en una herramienta para reprimir esta práctica procedimiento.
Activistas habían advertido precisamente que esto podía pasar tras la controvertida medida de la Corte Suprema estadounidense de revocar el derecho nacional al aborto a finales de junio, pues grandes compañías tecnológicas acumulan una gran cantidad de datos sobre la ubicación y el comportamiento de usuarios.
Jessica Burgess, de 41 años, fue acusada de ayudar a su hija de 17 a interrumpir su embarazo en el estado de Nebraska. Se enfrenta a cinco cargos. Uno de ellos bajo una ley de 2010 que solo permite abortos hasta las 20 semanas de gestación. Su hija enfrenta tres cargos, entre ellos uno de ocultamiento o abandono de un cadáver.
No obstante, Facebook se defendió el martes apuntando que el tribunal de Nebraska “no mencionó el aborto en absoluto” y que ocurrió antes de que la máxima corte anulara la sentencia del caso Roe contra Wade, un caso que concedió el derecho al aborto en Estados Unidos.
“Esa frase parece implicar que ‘si’ las órdenes de registro mencionaran aborto, habría un resultado diferente. Pero por supuesto eso no es cierto”, tuiteó Logan Koepke, que investiga el impacto de la tecnología en asuntos como la justicia criminal.
Al ser interrogado sobre la entrega de datos, el gigante de Sillicon Valley señaló que colaboran con las peticiones del Gobierno cuando “la ley lo requiere”.
Las restricciones al aborto en Nebraska se adoptaron años antes de que la Corte Suprema derribara Roe contra Wade. Unos 16 estados tienen prohibiciones absolutas o límites en las primeras semanas de embarazo en sus jurisdicciones. El caso de Nebraska, seguramente, no será el último, según expertos en tecnología.
“Esto seguirá pasándole a compañías que tienen una gran cantidad de información sobre personas a lo largo del país y alrededor del mundo”, dijo Alexandra Givens, directora general del Centro para la Democracia y la Tecnología, sin fines de lucro.
Si las empresas reciben una solicitud legal debidamente emitida bajo una ley vigente, hay muchos alicientes para colaborar, explicó.
“Como mínimo, las empresas tienen que asegurarse que insisten en un proceso legal completo, que las órdenes judiciales son específicas y no una expedición de pesca, que las búsquedas se interpretan de forma muy estricta y de que notifican a los usuarios para que estos puedan tratar de oponerse”, añadió Givens.
