El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este martes que enfrenta una “guerra jurídica” organizada por el gobierno de Luis Arce con el objetivo de “impedir su candidatura” para las elecciones presidenciales de 2025 y que pueda asumir un nuevo mandato.
El pronunciamiento del exmandatario boliviano se dio luego de que la Fiscalía anunciara este lunes una imputación en su contra por los delitos de trata de personas y estupro agravado. Además, se emitió una orden de detención tras no haberse presentado a declarar en el marco de la investigación.
La declaración fue realizada a través de sus redes sociales, donde Morales se presentó como víctima de una persecución jurídica, política y mediática. “Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo a EEUU”, difundió.
Morales sostuvo que los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso le son vulnerados. “Me condenan y fusilan sin tener pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, aseveró. Además, consideró que su “único delito” fue lograr una “economía justa”.
“El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano”, expresó.
Denunció, además, un “constante bombardeo” de difamaciones en su contra y que el Gobierno del presidente Arce busca eliminarlo. “El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”, difundió Morales.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dio a conocer el lunes que el Ministerio Público de Bolivia solicitará la detención preventiva del expresidente por seis meses como parte de la investigación en marcha.
