El representante especial etíope ante la ONU, Taye Atske Selassie, ha resaltado que todos ellos actuaron al margen de sus atribuciones y de las normas de la conducta profesional, antes de incidir en que el país no tiene una obligación legal de justificar su decisión.
“Entre las múltiples transgresiones que seleccionamos con gran cuidado y atención, la mala conducta de estas pocas personas no habla por el profesionalismo y capacidad de la ONU, en Etiopía o en cualquier otro lugar”, ha dicho Taye ante el Consejo de Seguridad de la ONU, según se pudo saber en las últimas horas.
De esta forma, ha resaltado que la decisión fue adoptada “a partir de información recopilada en una región con seis millones de personas por un único trabajador de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e interpretada por dos trabajadores de la ONU en Roma que son etíopes y abiertos seguidores del TPLF”.
El Gobierno de Etiopía anunció el 30 de septiembre que siete trabajadores de diferentes agencias de Naciones Unidas habían sido declarados ‘persona non grata’ “por entrometerse en los asuntos internos del país” y ordenó que abandonaran el país en el plazo de 72 horas.
