La Fiscalía de Brasil acusó hoy al presidente Jair Bolsonaro como responsable de la organización de las manifestaciones consideradas “actos antidemocráticos” del 7 septiembre en las que no escatimó en ataques e insultos contra las instituciones del Estado, tras lo cual remitió esta definición al Supremo Tribunal Federal, máxima autoridad judicial del país.
Se trata de la primera vez que la Fiscalía señala directamente a Bolsonaro en este caso, aunque todavía no se ha establecido si será investigado por aquellas movilizaciones y por qué tipos de delitos serían acusados, según un informe al que tuvo acceso el diario local Globo.
La Corte Suprema, que por otro lado incluyó a Bolsonaro como investigado en un caso sobre noticias falsas y desinformación, sumó también en sus pesquisas a algunos de los ministros del Gobierno por su posible participación en la gestión y organización de estas manifestaciones.
Según la fiscal adjunta Lindora Araújo, Bolsonaro gestó los “actos antidemocráticos” de septiembre un mes antes cuando instó a través de redes sociales a sus seguidores a organizar un “contragolpe” para acallar las protestas en su contra. Araújo además solicitó iniciar una investigación para rastrear el origen de la financiación de estos actos.
Uno de los principales investigados es Marcos Pereira Gomes, líder de un grupo de camioneros partidario de Bolsonaro que protagonizó bloqueos en varias de las principales carreteras del país el 7 de septiembre, consignó la agencia de noticias Europa Press. Huido a México, las autoridades estudian sus vínculos con los ministros de Seguridad, Augusto Heleno; y de Turismo, Gilson Machado. El informe también investiga la reunión que este sindicato de camioneros mantuvo con representantes del Gobierno en el Palacio de Planalto (la sede presidencial) el 11 de agosto.
Al respecto, Pereira Gomez siempre negó que la misma tuviera como objeto abordar cualquier actividad en relación a las manifestaciones del 7 de septiembre, cuando Brasil celebraba su día de la independencia y Bolsonaro llamó a desconocer los fallos de la corte suprema, una amenaza de la que luego se tuvo que desdecir.
